Entre 180 y 400 contribuyentes tendrán que pagar el impuesto ecológico en Zacatecas, entre ellos, la cervecera Modelo, las mineras Peñoles, Frisco, Goldcorp, Capstone Gold, Plata Panamericana e incluso la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó Víctor Armas Zagoya, secretario estatal del Agua y Medio Ambiente de la entidad gobernada por Alejandro Tello.

El funcionario reveló a Forbes México que el impuesto incluye a los gobiernos municipales. Algunas empresas ya comenzaron a pagarlo. El fabricante de pisos y recubrimientos cerámicos Cesantoni ya liquidó el primer pago del gravamen.

El impuesto, con el cual se recaudarán 1,230 millones de pesos (mdp) anuales aproximadamente, no afectará a más del 2% de los ingresos al año de las empresas, indicó el secretario.

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“No tiene una afectación para las empresas. No queremos que se vayan los empleos, pero sí queremos empresas que sean ambientalmente responsables. El (impuesto) tiene dos objetivos para la entidad: aumentar la recaudación y tener una política ambiental que cuide nuestros recursos naturales”, dijo.

Al respecto, explicó que compañías como Grupo Modelo, que dirige Mauricio Leyva, han manifestado de manera informal su negativa al pago, así como la minera Peñoles, al mando de Sergio Fernado Alanis Ortega.

“Esto no se puede acordar. Hay un mandato que nos obliga a hacer que se cumpla la ley. Los argumentos han sido que el impuesto es inconstitucional e ilegal. Y no existe un argumento técnico y sólido”, compartió.

Forbes solicitó una postura de la cervecera sobre el impuesto, pero la compañía todavía no responde a la petición de información.

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El pasado 15 de diciembre de 2016, el Congreso de Zacatecas aprobó el Paquete Económico 2017, que contempla diversos gravámenes, entre ellos los ecológicos, que entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año.

Se trata de una iniciativa que el gobernador Alejandro Tello envió al Congreso estatal, en el que se contemplan cuatro vertientes relacionadas con impuestos ecológicos: remediación ambiental en la extracción de materiales; emisión de gases a la atmósfera; contaminación de suelo, subsuelo y agua; y por el depósito o almacenamiento de residuos.

“Estos cuatro impuestos mucho menos son inconstitucionales. La Ley General del Cambio Climático y la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente les dan potestad a las entidades federativas para tener una estrategia de recaudación para financiar las políticas públicas de carácter ambiental”, explicó Armas Zagoya.

El funcionario añadió que ya pasaron los 30 días naturales, después de que entró en vigor la iniciativa, para impugnar la ley, sin embargo, ninguna empresa metió algún recurso en contra del impuesto.

El 17 de febrero se vence el primer cobro mensual del gravamen ambiental, el cual se destinará para temas de seguridad, prevención del delito, ampliar cobertura en servicios de salud, educación, remediación ambiental y rellenos sanitarios para los 58 municipios.

“Va dirigido (el impuesto) a personas morales, unidades económicas y personas físicas. Es un impuesto de carácter general, pues no es específico para las mineras o la cervecería”, añadió Armas.

Sector minero rechaza el impuesto

Al respecto, el clúster minero de Zacatecas (Clusmin) acusó que la minería no soporta mayores cargas tributarias, pues los precios de los metales, el difícil contexto económico y los nuevos impuestos estatales obligan a restringir inversiones, disminuir empleos e incluso cerrar operaciones.

“Alejandro Tello pone de rodillas al sector que contribuye con el más alto porcentaje del PIB estatal. Manifestamos nuestro rechazo a estos impuestos ecológicos, ya que observamos que el gravamen es abiertamente recaudatorio y sin un compromiso ambiental”, indicó Clusmin es un desplegado publicado en medios.

En Zacatecas, el sector minero es el principal productor de plata, plomo y zinc de México, y el tercero en oro y cobre en 2015, de acuerdo con información del clúster.

“Ni el gobierno estatal ni el Congreso tienen facultades para fijar un impuesto al sector de la minería, ya que es una atribución que compete exclusivamente a la Federación, por lo que tiene visos de ilegalidad”, se agrega.

Clusmin denunció que el impuesto no toma en cuenta la regulación ambiental, que ya cumple la industria con las normas establecidas por la Semarnat y la Secretaría de Salud.

 

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