La Fiscalía General de Justicia local desmanteló una red de falsificación y alteración de documentos oficiales que operaba en el Registro Civil de la Ciudad de México.
Se trataba de cuatro servidores públicos de dicha dependencia, una exfuncionaria de la misma oficina y el propietario de una papelería aledaña. Las seis personas ya fueron detenidas y remitidas al Reclusorio Norte y a la cárcel de Santa Martha.
El vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, detalló esta tarde que las personas detenidas son señaladas de falsificación, alteración y uso indebido de documentos oficiales, así como asociación delictuosa y ejercicio ilegal del servicio público en el caso de las cuatro personas que trabajaban en el Registro Civil.
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La investigación requirió incluso que policías de investigación encubiertos trabajaran como servidores públicos del Registro Civil para identificar a los integrantes de esta red de corrupción y su forma de operar.
Los trabajos de gabinete y de campo se extendieron durante 7 meses, en los cuales se identificó que esta red falsificaba y alteraba documentos como actas de nacimiento, actas de matrimonio, de defunción, pasaportes, títulos escolares y cambios de nombre y nacionalidad.
Durante las indagatorias, la Fiscalía obtuvo de un juez de control una orden de intervención de comunicaciones privadas, lo que “permitió ubicar e identificar la colaboración entre servidores públicos y gestores para la obtención y modificación de documentación original y apócrifa así como la cobranza de los mismos, así como los puntos de reunión para realizar trámites y entrega de documentos”, relató este viernes el vocero Lara López.
Los funcionarios detenidos son Roberto “N”, adscrito al área de Atención Ciudadana; Alma Karen “N”, quien laboraba en la subdirección de Asuntos Jurídicos, Control y Orientación; y Guadalupe “N”, asignada en la Jefatura de Unidad Departamental de Inscripción de Resoluciones y Análisis, todos del Registro Civil de la Ciudad de México.
Los tres servidores públicos tenían facultades para operar el Sistema Informático y las impresiones de documentación oficial y ahora enfrentan acusaciones por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.
Asimismo, fueron aprehendidos por probable falsificación de documentos y asociación delictuosa Francisco Javier “N”, propietario de una papelería ubicada en el costado oriente del Registro Civil, y Beatriz Ayde “N”, extrabajadora de Atención en Ventanilla de dicha oficina.
“Además, se solicitaron y ejecutaron actos de investigación para inspeccionar 4 cubículos al interior del Registro Civil entre ellos el de Gerardo ‘N’, encargado del área de Sistemas Informáticos, quien fue detenido en flagrancia y fue encontrado junto con cientos de folios posiblemente alterados”, comunicó el vocero de la Fiscalía local.
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“En posible contubernio, los 6 individuos probablemente facilitaban unos la obtención de documentos generados desde el interior del mismo Registro Civil, y otros en la captación de clientes y usuarios al utilizar el lugar para entregas y pagos de trámites”, añadió.
Como parte de estas investigaciones, la Fiscalía cateó un departamento de la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, colonia Ejército de Agua Prieta; un inmueble en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán; un domicilio ubicado en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón; un conjunto departamental de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, así como tres inmuebles en Dr. Andrade, colonia Doctores; Belisario Domínguez y Palma, en el Centro
Durante el desarrollo de los cateos fueron asegurados diversos indicios como actas de nacimiento, matrimonio y defunción, pasaportes, cartillas de salud, certificados de educación pública, sellos, candados de seguridad, troquel para relieves del INE, diversos materiales para la realización de documentos, así como computadoras, tabletas electrónicas y memorias USB.
“Personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales ya labora en la realización de dictámenes correspondientes para establecer si dicha documentación es auténtica o apócrifa. Los inmuebles quedaron asegurados y a disposición de los agentes del Ministerio Público”, aportó el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.
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