La dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros impidió por décadas la modernización del sector energético, y con ello se afectó la productividad de la economía mexicana.

 

Por Marcelo Delajara

Durante el último año, el déficit del gobierno federal y la inflación general anual se han mantenido bajo control a pesar de la vertiginosa caída en el precio del petróleo y el alza en el precio del dólar. Esto demuestra hasta qué punto los cambios estructurales de mediados de 1990 —principalmente la autonomía del banco central y el tratado de libre comercio con Canadá y EU— produjeron un cambio duradero en el comportamiento de las empresas, los consumidores, los inversionistas y el gobierno, que ha redundado en una economía mexicana mucho más estable.

Si bien la situación económica mundial aún puede empeorar, no podemos dejar de hacer esta valoración: la macroeconomía y las políticas macroeconómicas son ahora más robustas en México.

Pensemos en los costos que la oposición a esas reformas generó en el momento de su aprobación. Después comparémoslos con los beneficios que, pasados 20 años, aún arrojan en la forma de una economía más resistente a los embates de la economía mundial. Esta perspectiva de largo plazo sobre aquellas reformas, ¿no debería también llevarnos a revisar nuestro análisis de las reformas económicas realizadas durante la presente administración federal?

Es claro que si las reformas de hace 20 años buscaban estabilizar la economía, el problema más acuciante que las más recientes necesitan resolver es el bajo ritmo de crecimiento económico. Quienes en su momento se lanzaron a especular sobre el impacto de las reformas energética, de telecomunicaciones y de competencia económica, tanto dentro como fuera del gobierno, fueron excesivamente optimistas. Se habló de alcanzar un ritmo de crecimiento cercano al 5% en 2016 o 2017.

Entonces, ahora consideremos un plazo más razonable. Digamos una generación. Como resultado de las reformas de este sexenio, ¿veremos finalmente un incremento paulatino en la tasa de crecimiento de la productividad de los factores de producción durante los próximos 25 años? Probablemente sí. Aunque no será por el monto de las inversiones, ni por su origen extranjero o naturaleza privada, tampoco por el empleo creado. Vistas en conjunto, las reformas antes mencionadas han abierto la oportunidad para asignar mejor los recursos en la economía. Las decisiones de inversión y asignación del capital físico y humano en diversos sectores estaban muy afectadas por el accionar de grupos de interés que se beneficiaban de rentas económicas. Las fuentes del crecimiento de la productividad serán, si éste finalmente se materializa, la competencia económica al interior de los sectores que se reformaron y la gradual eliminación de los grupos de rentistas.

La competencia que se promueve con la apertura del sector energético y con la restructuración de las empresas productivas del Estado, por ejemplo, será beneficiosa para crear los incentivos que dichas empresas necesitan para ser más eficientes y competitivas. Particularmente notable es el caso de CFE, empresa que se ha dividido en unas 10 unidades económicas independientes. Cada una de ellas tendrá que competir con otras empresas privadas nacionales o extranjeras en algunos de los mercados de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica, o aun en otras actividades fuera del sector eléctrico, como la distribución de gas natural.

El otro cambio, si bien muy incipiente pero que tal vez sea el más importante en el largo plazo, es el debilitamiento de lo que los economistas Stephen Parente y Edward Prescott denominaron hace ya un tiempo como “los derechos monopólicos de los insiders”. Esto es, la limitación de los excesivos privilegios de los trabajadores y sus representantes, el debilitamiento de las relaciones de subordinación entre los directivos y el poder político, y la reducción del espacio para las prácticas corruptas en los negocios con contratistas y proveedores privados.

Parente y Prescott (Barriers to Riches, MIT Press 2002) muestran cómo, en otras economías y momentos históricos pero bajo circunstancias similares a las que caracterizaron hasta ahora la operación de empresas como Pemex y CFE, dichos “derechos monopólicos” limitaron seriamente el tipo de tecnología que las empresas pueden utilizar. Ello incluye no sólo la parte productiva (qué técnicas utilizar y cómo, y cuándo actualizarlas) o los recursos humanos (a quién contratar, por cuánto tiempo y cuánto pagarle), sino también la parte organizacional (quién toma y cómo las decisiones sobre producción, inversión, financiamiento, organización del trabajo, etc.).

La tasa de crecimiento de la productividad total de los factores fue negativa en México durante el periodo 1991-2011, de acuerdo con los datos del proyecto KLEMS del INEGI. Un estudio reciente de los economistas Leonardo Torre y Luis Fernando Colunga (publicado en North American Journal of Economics and Finance, noviembre de 2015) muestra que, en este contexto, la tasa de crecimiento de la productividad en los sectores de extracción de petróleo y gas, y servicios relacionados con minería y transporte por ductos, se ubicó entre las 5 más bajas (de unos 80 sectores analizados), es decir, fue de las más negativas.

Que se logre una mayor reducción y la eventual eliminación de los derechos monopólicos de los insiders dependerá, por ejemplo, en el caso de Pemex, de lo rápido que el financiamiento del Estado mexicano se independice de los ingresos petroleros. Está claro que esa dependencia fue la razón del establecimiento de aquellos “derechos”. Así, la modernización y el crecimiento de la economía mexicana dependen, también por esta razón, de la “despetrolización” de los ingresos del Estado. La coyuntura actual, en la que dichos ingresos se han reducido a un nivel por debajo del 20% y que nuevas formas de recaudar impuestos de fuentes permanentes tienen éxito, es propicia para impulsar las finanzas públicas del país en esa dirección.


Marcelo Delajara (@MarceloDelajara) se doctoró en Economía en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, 1999). Fue profesor, investigador y consultor en diversas instituciones (UDLA-P, CIDE, BID, PNUD, Banco Mundial y Banco de México, entre otras). Actualmente es investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Las opiniones de Marcelo Delajara son a título personal y no representan necesariamente el criterio o los valores del CEEY.

 

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