Diana Sánchez Barrios era la lideresa más importante del comercio informal del Centro Histórico de la Ciudad de México, negocio que mueve millones de pesos al día.
Anoche fue detenida por la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), señalada de los delitos de robo agravado en pandilla y extorsión agravada; lo que hay detrás es cobro de piso.
Aunado a esto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la FGJ el 7 de diciembre pasado, en la que se señalaron operaciones financieras irregulares de 2 asociaciones civiles vinculadas con Diana Sánchez Barrios.
“Dichas asociaciones posiblemente habrían recibido millonarias cantidades en cientos de depósitos de afectados que eran presionados a pagar las cuotas mencionadas”, informó el vocero de la FGJ, Ulises López.
Se vincula también a Sánchez Barrios con otros delitos como invasión de bienes inmuebles, entre ellos comercios, departamentos y hasta edificios completos, así como uso de armas de fuego y privación ilegal de la libertad.
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De acuerdo con la FGJ, la también candidata a diputada local por la alianza PRI, PAN y PRD está relacionada con 5 carpetas de investigación, en las que se denunció que encabezaba un grupo que exigía a comerciantes informales y negocios establecidos el pago de una cuota o cobro de piso, y hostigaban y amenazaban a quien no cumplía.
Derivado de las denuncias en su contra, la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto de la FGJ inició una investigación en noviembre del año pasado. Como resultado de las indagatorias, en febrero pasado se obtuvo una orden de aprehensión en contra de Diana Sánchez Barrios, misma que fue ejecutada la noche de ayer miércoles 17 de marzo.
A decir de la Fiscalía, “el posible modus operandi de la organización que encabezaba dicha mujer, es llevar a cabo agresiones, hostigamientos y amenazas en contra de agremiados y a otros, y una vez que las personas se ven afectadas, poder exigirles el pago de las cuotas referidas (cobro de piso)”.
Entre el activismo, la política y el comercio informal
Diana Sánchez Barrios se movió entre el activismo LGBT, principalmente en la agenda de las personas transexuales, y en la política, donde se vinculaba con los grupos que mejor se acomodaban a sus intereses. Así llegó, por ejemplo, a coordinar la campaña electoral de 2018 del hoy alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, emanado de Morena.
Ella nació una vivienda del Callejón Altuna, en la zona de La Lagunilla, como Javier Alejandro, pero a los 16 años reivindicó su identidad sexual y se asumió como Diana.
Desde entonces se dedicó a empujar la agenda de las personas transexuales en la Ciudad de México, lo que le permitió empezar a destacar en el activismo y la política.
El terreno del comercio informal lo conoció desde pequeña, pues ella misma se dedicó al ambulantaje, por lo que supo moverse en él hasta llegar a dirigir a miles de ambulantes a través de su asociación Pro Diana.
No obstante, también se trató de una herencia familiar, ya que es hija de la política priista Alejandra Barrios Richard y Javier Sánchez Becerra, ambos dedicados al negocio del control del comercio informal en la alcaldía Cuauhtémoc, principalmente en el Centro Histórico, zona donde también opera la delincuencia organizada como La Unión de Tepito.
En la política, Sánchez Barrios ha trabajado para el PRD, para el PRI e incluso para Morena, pues fue la coordinadora de la campaña de Néstor Núñez, actual alcalde en Cuauhtémoc. Su nombramiento fue anunciado en una conferencia en la que incluso estuvo presente el hoy secretario de Gobierno de la Ciudad de México y entonces diputado local, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
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En mayo de 2019, Diana Sánchez Barrios reconoció que su esposo Luis Alberto Vargas Ruiz estuvo detrás de un juicio simulado mediante el cual invadió el edificio de Francisco I. Madero 45, en el Centro Histórico, propiedad desde 1929 a la Fundación Haghenbeck y de la Lama.
A nivel político, también se encargó de movilizar a sus agremiados para presionar al Congreso de la Ciudad de México para que aprobara una iniciativa de ley que ella misma propuso para regular el trabajo informal en vía pública, misma que sigue congelada.
