He encontrado una reticencia natural en los funcionarios de gobierno, primero, por la inseguridad que les genera el concepto del gobierno abierto a varios no les acaba de cuadrar el marco legal.

 

El Gobierno de Peña Nieto acaba de lanzar la estrategia que busca cerrar la brecha digital del país. Es una buena política pública la cual pretende incluir a todos los sectores involucrados y alinear todas las aristas de la sociedad, gobierno y ciudadanía. La estrategia tiene como base el compromiso de México ante los acuerdos mundiales para el gobierno abierto.

La iniciativa fue, en general, bien recibida por la sociedad mexicana; las explicaciones de Alejandra Lagunes la coordinadora de la estrategia digital dejaron muy claro los productos finales y, desde la óptica ciudadana, es alentador el futuro.

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Lo que me he encontrado al estar dando un taller de planeación estratégica a funcionarios de gobierno e instrumentando planes de desarrollo institucional en varias dependencias, es que no se ha generado un proceso de socialización hacia las entidades gubernamentales. En diferentes reuniones, haciendo el análisis de los impactos para estas entidades públicas, lo que me he encontrado es una reticencia natural en los funcionarios, primero, por la inseguridad que les genera el concepto del gobierno abierto a varios no les acaba de cuadrar el marco legal, ya sea por desconocimiento o por falta de definición normativa y, por otro lado, no acaban de dimensionar, a pesar de entender los planteamientos de la estrategia, si deben o no plantear en sus planes estratégicos y operativos para el próximo año acciones orientadas a cumplir esta meta y este eje del Plan Nacional de Desarrollo.

Esta situación me lleva a pensar que por la premura de tiempo, no ha sido posible llevar a cabo la titánica labor de socializar la estrategia en las dependencias públicas y una de las barreras con las que esta política pública se va a encontrar es la infinidad de reglas operativas, normativas y presupuestales en las que viven las dependencias gubernamentales. Ahí estará el gran reto de la iniciativa para lograr su implementación.

Por otra parte, del lado de la iniciativa privada, está el tema de las licitaciones, frecuencias, licencias y toda la reglamentación de la Reforma de Telecomunicaciones, así como los asuntos de dominancia y  concentraciones del sector.

Una muy buena noticia es que esta iniciativa abre la puerta oficialmente a las iniciativas de innovación ciudadana, lo que fomentará que los diferentes actores sociales podamos diseñar proyectos que ayuden a mejorar la comunicación entre gobierno y sociedad y que sean los ciudadanos los que ayuden a diseñar aplicaciones para acceder a bases de datos gubernamentales orientadas a mejorar los servicios que prestan las entidades de gobierno.

Este planteamiento digital apoya a la sociedad y a los jóvenes para participar en la transformación del país a través de la innovación ciudadana, pero también abona al compromiso que, en la pasada  Cumbre Iberoamericana en Panamá, se tomó a favor del proyecto de Innovación Ciudadana en toda la región, en donde México jugó un papel de gran importancia.

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