En caso de que los legisladores no realicen cambios, la iniciativa de ley se remitiría a los 32 congresos locales, de los cuales se requiere lo apruebe una mayoría, para luego ser promulgada por el presidente.   Reuters La Cámara de Diputados de México se disponía a dar la aprobación final a una reforma energética que por primera vez en décadas abrirá la puerta al capital privado al reservado sector de los hidrocarburos y con la que el Gobierno espera apuntalar la producción de petróleo y gas. La iniciativa, que modifica tres artículos de la Constitución, es la piedra angular de un conjunto de reformas estructurales con las que el presidente Enrique Peña Nieto pretende dar nuevos bríos a la segunda mayor economía de América Latina. Los diputados, que la noche del miércoles aprobaron en lo general la reforma, debatían en la madrugada en detalle el articulado en un acalorado debate ante el rechazo de los partidos de la izquierda que sostienen es “un atraco” a la nación y es privatizadora. De no hacerse cambios, quedaría lista para ser remitida a los 32 congresos locales, de los cuales se requiere lo apruebe una mayoría, para luego ser promulgada por el presidente. Diseñada por el partido gobernante PRI y el opositor PAN, la iniciativa busca captar ingentes inversiones privadas locales y extranjeras mediante licencias y contratos de ganancias y producción compartida, para la explotación y producción de petróleo y gas, en uno de los diez primeros productores de crudo en el mundo. No obstante, analistas dicen que probablemente deberán pasar años antes de que las inversiones se concreten y la producción repunte lo suficiente para que el país supla sus crecientes requerimientos de gasolina y gas y pueda disminuir sus importaciones. Pero la izquierda afirma que se está avalando la entrega de la riqueza energética a extranjeros y ello derivará en aumentos de tarifas y precios, agotamiento prematuro de hidrocarburos, despidos en la estatal petrolera Pemex y en la empresa de energía eléctrica y desabasto de gas, luz, gasolina y diesel.   Amplia reforma La producción de crudo de Pemex se ha reducido en una cuarta parte tras alcanzar un récord de 3.4 millones de barriles por día en el 2004, pero para elevarla se necesitan miles de millones de dólares anuales dado que las mayores reservas están en aguas del Golfo de México. La iniciativa prevé como contraprestación por parte del Estado el pago en efectivo, para contratos de servicio; un porcentaje de la utilidad, para los de utilidad compartida; un porcentaje de la producción obtenida, para los de producción compartida; así como la transmisión de hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo, para las licencias. La reforma terminó siendo más abierta que la que puso sobre la mesa el Gobierno, que propuso en agosto contratos de utilidad compartida para atraer capitales privados pero el PAN lo consideró insuficiente y presionó por concesiones. No obstante, en las discusiones ambas fuerzas fueron alcanzando acuerdos. El dictamen también ratifica que México seguirá siendo propietario de los hidrocarburos, pero permitirá a las empresas que reporten para efectos contables y financieros la asignación o contrato y beneficios esperados, siempre y cuando se afirme que los hidrocarburos son propiedad de la Nación. Para algunos expertos el hecho de que las empresas reporten reservas de hidrocarburos en sus balances no equivale a que puedan reclamar su propiedad y que más bien obedece a reglamentaciones del mercado de valores de sus países. Para otros, el lenguaje del proyecto de ley es vago porque no explicita cómo el operador podría reportar el beneficio económico esperado, en unidades volumétricas o en unidades monetarias. Los detalles deberían precisarse en las leyes secundarias, las cuales se esperan sean aprobadas en el 2014. México nacionalizó en 1938 la industria petrolera y la soberanía y propiedad sobre los hidrocarburos siempre ha sido un tema álgido, que impidió reformas profundas al sector durante años e incluso fueron bloqueadas por el PRI cuando estuvo en la oposición entre el 2000 y el 2012. La reforma también prevé la creación de un fondo especial para manejar la renta petrolera que será administrada por un fideicomiso en el banco central. En lo relativo al sector eléctrico, la iniciativa propone que respecto a la transmisión y distribución de energía no se otorguen concesiones, pero que el Estado podría celebrar contratos con particulares en las demás actividades de esa industria.  

 

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