Después de más de 12 horas de discusión, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), y la regresó al Senado, pues modificaron el dictamen original.
Con 334 votos a favor, 109 en contra y cinco abstenciones, los diputados modificaron seis (artículos 5, 13, 20, 40 y 53 y el décimo transitorio) de 193 reservas que se presentaron en el pleno de San Lázaro.
Entre las reservas que aceptaron fue al artículo 5 presentada por el priista Enrique Ochoa la cual establece que la FGR debe ejercer su facultad de atracción para investigar crímenes del fuero común que no estén siendo debidamente investigados por las fiscalías estatales.
Otra modificación fue al artículo 40 de la Ley de la Fiscalía, presentada por la diputada de MC Fabiola Loya (MC), relativa a las facultades de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación.
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Con la modificación es para “garantizar en toda la investigación y el proceso penal los derechos de las personas víctimas”. Con ello la MP tendrá las siguientes obligaciones: recibir las propuestas de líneas de investigación que se les formulan a las personas víctimas y sus personas asesoras y tomarlas en consideración en la generación o modificación de planes de investigación.
Así como dar acceso a los registros y proporcionar copia gratuita de éstos en forma física o magnética solicitadas por las personas víctimas; garantizar el derecho de las personas víctimas y sus personas representantes a presentar peritajes independientes.
“La Fiscalía General de la República podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables; la víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción”, se establece con la modificación.
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También se aprobó la reserva planteada por el diputado Enrique Ochoa al artículo décimo transitorio para establecer que los recursos materiales financieros y presupuestales con los que cuente el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), a la entrada en vigor del presente decreto, pasarán al Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República.
