Los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron modificaciones a la Carta Magna para evitar que bancos cobren deudas a los usuarios a través de los recursos entregados en programa sociales, como la pensión a adultos mayores y becas para discapacitados.
Este dictamen, que viene desde la pasada Legislatura, establece que “los apoyos económicos, pensiones no contributivas y becas establecidas (…) y demás apoyos que tengan por objeto el combate a la pobreza y la desigualdad social que entreguen los gobiernos federal, estatal o municipal no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones o embargos por parte de particulares”.
En la exposición de motivos se menciona que es práctica común de los bancos incluir en los contratos de servicios financieros la posibilidad de descontar recursos de sus clientes por alguna deuda que tengan con ellos. Ello sin importar que estos recursos, incluso, provenga de salarios, los cuales están protegidos por la Constitución y por la ley contra los embargos.
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“Las personas que pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad social, frecuentemente son víctimas por prácticas o cláusulas abusivas contenidas en los contratos que ofrecen las instituciones financieras para sus servicios, las cuales dejan a sus clientes en estado de indefensión, ya que no se les proporcionan las explicaciones necesarias para conocer los alcances de lo que suscriben”, se menciona en el dictamen que fue aprobado con 21 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones.
Destaca también que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) detectó que en los contratos que los usuarios firman con los bancos para el uso de productos o servicios financieros, se incluyen ”cláusulas abusivas”, ya que estas instituciones disponen de los recursos de los clientes a través de retenciones, descuentos o embargos sin juicio previo.
Se espera que la próxima semana se discuta y vote la reforma en el Pleno de la Cámara de Diputados.
