Reuters.- Diputados de Morena presentaron una iniciativa legislativa para crear la Guardia Nacional, una polémica policía militar que se encargará de la seguridad pública y reemplazará al Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado.

Con la modificación de hasta 13 artículos constitucionales, la iniciativa contempla la creación del cuerpo de unos 50,000 elementos que estará integrado por miembros del Ejército, la Marina y la Policía Federal.

En 2006, el expresidente Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles para combatir a las bandas de narcotraficantes y del crimen organizado. Pero tras 12 años, los cárteles de la droga se han fragmentado, fortalecido y su combate ha dejado más de 170,000 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

“México se ha convertido en un país de víctimas, más del 90% de los delitos cometidos desembocan en la impunidad y el país sigue padeciendo la aguda carencia de una policía profesional”, dijo la diputada morenista María Alvarado en la exposición de motivos para la modificación constitucional.

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Para luchar contra el flagelo que desangra a la segunda economía de América Latina, el presidente electo, Andrés López Obrador, ha propuesto atacar las causas que generan la violencia combatiendo la desigualdad y la pobreza.

Además, dijo que retiraría al Ejército de las calles, promovería una ley de amnistía para los bajos rangos del mundo criminal y despenalizaría diversas drogas.

Por ello, la creación de la Guardia Nacional ha despertado la crítica de organizaciones de derechos humanos y la oposición política de quienes aseguran que insistir en la militarización del país no resolverá el problema y agudizará las violaciones a los derechos humanos.

“(Con la Guardia Nacional) se profundiza la estrategia de militarización”, dijo a Reuters la diputada independiente Lucía Riojas. “Y nos ha quedado claro en los últimos 12 años de guerra, que no hay evidencia alguna sobre que tener al Ejército en las calles tenga un impacto en la reducción de la violencia”, subrayó.

Sin embargo, la iniciativa propone modificar algunos artículos de la Constitución para que los miembros de la Guardia Nacional reciban capacitación en derechos humanos, lógicas de proximidad, sean juzgados por el fuero civil y, entre otras cosas, no podrán trasladar a ningún detenido a instalaciones militares.

Además, el cuerpo, que operará plenamente a mediados del sexenio de López Obrador, en 2021, ayudará al Ministerio Público en la investigación de delitos y deberá coordinar su actuación con el resto de fuerzas públicas de municipios y estados.

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