Varias han sido las reglas no escritas que han marcado la convivencia entre el gobierno federal y los empresarios. Una de ellas, por ejemplo, determinaba que las organizaciones empresariales eran parte de la consulta obligatoria del gobierno; tan era así que, sexenio tras sexenio tenían representación en organizaciones como el IMSS, Infonavit, Nacional Financiera, Bancomext, entre otras, y así se les dotaba de cierta concordancia.

Pero las cosas están cambiando, pues con la llegada de Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) a la presidencia, la interlocución se está fracturando.

¿Porqué? Dos datos de contexto

Cuando el PRI era el partido hegemónico, también en tiempos del PAN, las cúpulas empresariales tenían derecho de Picaporte en el gobierno federal; podría decirse que había una obligatoriedad por parte del sector público a atender, consultar y tomar decisiones en función de los intereses del capital.

Por otro lado, desde tiempos de José López Portillo, se eliminó el requisito que obligaba a los empresarios a ser parte de una asociación o Cámara para dejarlo en un acto voluntario y eso empezó a cambiar la estructura de participación en influencia de los empresarios como sector en la cosa pública, de tal forma que los grandes empresarios tejieron sus propios modos de convivencia con las esferas de poder político.

Ahora, resulta que las negociaciones entre el gobierno federal y los empresarios entrarán en terrenos insospechados a través de un lobbying individualizado. En otras palabras; las cúpulas, buena parte de las cámaras de comercio, las organizaciones que aglutinan diversos sectores económicos hoy carecen de representatividad ante sus bases y frente al poder político y eso configura un panorama retador para los empresarios, por decirlo de alguna manera optimista.

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Hoy, el sector privado está conformado por grupos diversos, no hay un mando central y algo más: para el nuevo gobierno es visto como un elemento de opinión, no de decisión. Para empresarios consultados por Forbes, buena parte de los integrantes del Consejo Asesor Empresarial recién nombrado por AMLO no tiene representatividad con las cámaras ni con la base empresarial, por lo que solo defenderán intereses parciales. «Dime qué va a pasar con un empresario de Chiapas, por ejemplo, que tiene problemas de agua y luz ¿Quién lo defenderá», sostiene una de las fuentes consultadas. Así, lo que se vaticina es que cada empresario presente sus problemáticas a través de los canales que disponga.

Éste, hay que decirlo así, no es el escenario ideal. El nuevo gobierno, pero sobre todo los líderes empresariales, saben que la estructura empresarial del país ha cambiado  y, ahí, hay una base conformada por pequeñas y medianas empresas que deben ser atendidas y protegidas dado que en ellas recae la mayor parte de generación de empleos; sin olvidar a las empresas transnacionales cuyos intereses son globales y tienen otra forma de negociar. Es urgente, y muy necesario, un frente que defienda y persevere el valor de esos empresarios.

 

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