Las drogas son una oportunidad para debatir sobre ellas, pero en forma reflexiva y muy bien informados. La actual política pública en materia de seguridad y justicia penal ha fracasado en esta materia. Es momento de abrir los ojos a novedosas opciones o alternativas para iniciar una nueva regulación, haciendo de las drogas una política pública de salud y combate a las adicciones.
Prohibir la prohibición
Frente a las difíciles cuestiones y disyuntivas humanas, las decisiones de gobierno no siempre deben tomarse atendiendo a lo científico o técnico, sino también a lo prudencial o ponderativo. Un importante ejemplo es la actual discusión sobre las drogas y los acalorados debates entre continuar con la tradicional “prohibición” o decidir su estratégica “legalización”. Sobre este tema hoy es momento de afrontar la realidad y reconocer la verdad del fenómeno y sus consecuencias.
Tradicionalmente, en todo lo relacionado con “las drogas” imperaba la total prohibición, a rajatablas, es decir, la prohibición absoluta como “solución” para contener los efectos dañinos de su consumo; decisión que se pretendía justificar con argumentos simplistas -más allá de lo moral- con el fin de que cualquier consumo, no importando el tipo de droga, fuera imperdonable y, por lo tanto, condenable.
Así, tal política pública prohibicionista se impuso sobre cualquier intento de abordar el fenómeno del consumo como una posible cuestión de salud pública, pues preponderantemente existía represión y reproche legal en su contra, con base en políticas de seguridad pública y justicia penal.
Sin embargo, desde hace tiempo, esos argumentos absolutistas se han desmoronado como castillos de arena ante un mar de datos duros que comprueban las verdaderas consecuencias. A tal grado se han desmoronado que, incluso, han dejado expuestos los fundamentos y justificaciones falsas, retrógradas o equivocadas del prohibicionismo.
Novedosos argumentos
Al respecto, es oportuno invocar ciertos razonamientos de importantes miembros de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), entre ellos Juan Francisco Torres Landa quien, junto con muchos otros ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil organizada, han dado a conocer “novedosos argumentos” que contrastan a aquellos prohibicionistas, y que permiten ahora reflexionar sobre la necesidad de cambio de paradigmas. Torres Landa ha señalado que “la prohibición tiene como sustento el que si se coarta el suministro de los estupefacientes resulta imposible consumirlas. Sin embargo, eliminar dicha disponibilidad es imposible porque la demanda para su consumo no varía por el hecho de que estén prohibidas las sustancias. La simple ley de oferta y demanda cumple su impacto a pesar de que artificialmente se quiera hacer lo contrario. La única diferencia es que la oferta ahora se realiza a la luz de un mercado clandestino en que el control regulatorio (cantidades, calidades, dosis, años de edad para consumo, diversidad, lugares de consumo, etc.) se ejerce directamente por la delincuencia organizada. Todo un botín que “la prohibición” les obsequió. Esa es la realidad que nos han pretendido ocultar por años y décadas”.
Sin embargo, la falsedad y mentalidad retrógrada del pasado se derrumba rápidamente, y cada vez son más personas físicas y jurídicas que están reconociendo la realidad y la necesidad de cambiar de estrategia. En el caso mexicano, la decisión -se dice- debe venir de “Los Pinos o del presidente” para hacer los cambios legislativos, pero el temor de los gobiernos del pasado a fallar paralizó a los altos oficiales administrativos y legislativos. Su temor a fallar, no les permitió ver que, de cualquier forma, fallaron. Lo grave es que no quieran reconocerlo.
Hoy es momento de que salgan a la luz pública, para concomimiento de la gente, las enormes multimillonarias asignaciones presupuestales y de gasto público en materia de “combate a las drogas”, con el fin de acreditar el denigrante dispendio y derroche en los últimos 12 años de gobierno en México y, como resultado, el fracaso de la política prohibicionista a rajatablas.
Derroche y más derroche
Lo grave no solamente es todo el dinero que gastó y gasta el actual gobierno, sino todos los terribles resultados obtenidos a cambio, señala Torres Landa: pues los datos duros son demoledores: más de 200,000 muertos, más de 30,000 desaparecidos, más de 250,000 desplazados, millones de personas afectadas en sus familias, trabajo o comunidades. En este 2018 se sufrió un incremento de 10% respecto a los primeros siete meses de 2017, provocando que este año fuera el peor año de violencia registrado en la historia reciente del país. Un desastre por donde se le vea…
Hoy la inseguridad y violencia, a lo largo y ancho del país, no resisten más sus consecuencias en agravio de los honestos ciudadanos. No cabe duda que muchísimos gobernantes y servidores públicos saben, en conciencia, que no están haciendo bien las cosas; que son y serán copartícipes o coautores de la pesadilla mexicana que no permitirá despertar a millones de mexicanos.
Para efectos de decidir estratégica y prudencialmente la “legalización” de las drogas, no es necesario que México pague la campana de aprendizaje, pues hay valiosas experiencias y mejores prácticas de gobierno a nivel internacional, específicamente en el manejo de la mariguana, como son España, Uruguay, Portugal, Estados Unidos y Canadá. Incluso, en nuestro país, en el estado de Guerrero, el Congreso local tiene una interesante iniciativa en materia de opiáceos, que es un insumo fundamental para la industria farmacéutica en la fabricación de morfina como tratamiento de control medicinal. Con este tipo de iniciativas legales se pretende, entre otras cuestiones, estimular el desarrollo de la economía formal, con la finalidad de detonar que las actividades agrícolas y campesinas tengan incentivos para la siembra legal de amapola, con los efectos de trabajo formal y seguridad social, así como gravámenes controlados y, en consecuencia, estimular el desarrollo económico regional.
La regulación de las drogas deberá ser paulatina y de amplio espectro, pero eminentemente estratégica como parte de una política pública en materia “de salud” y profundo combate a las adicciones. Ciertamente, las estrategias de legalización deben ser distintas para la mariguana, la cocaína, la heroína u otros sicotrópicos, respectivamente, pues está demostrado que sus consecuencias son radicalmente distintas. En este sentido, empezar por legalizar la mariguana, en sus múltiples aspectos, es un gran primer paso, a escala nacional. Esto es, siempre que se adopten las mejores prácticas de gobierno con base en las experiencias de otros países, aplicadas a la realidad concreta.
Hoy se dice que el acceso a todo tipo de drogas es una realidad, calle por calle, callejón por callejón, antro por antro, escuela por escuela y todo tipo de lugares públicos. Como bien dice MUCD, el control de la calidad, cantidad, dosis y disponibilidad ahora lo tiene la delincuencia organizada, cuando es claro que estas facultades y atribuciones le corresponden -y siempre le debieron haber correspondido- al Estado. Aseguran que, si se ha podido regular legalmente el consumo de tabaco, alcohol y medicinas, no hay razón por la cual no podamos hacerlo con otras drogas.
Exigencia de nueva regulación
La clave es una contundente exigencia y vinculación con las autoridades, pues el Estado debe utilizar las mejores herramientas en materia de prevención, tratamiento y cuidado en las cuestiones sanitarias y adicciones, eliminando los controles informales o clandestinos que hoy están en manos de la delincuencia organizada.
Es lamentable reconocer que el Estado Mexicano aparece, ante la percepción generalizada, como una entidad débil frente a la poderosa Delincuencia Organizada. Es indudable que la legalización inteligente es un primer paso para revertir esta pésima tendencia.
Todos tenemos el deber de informarnos, y mantenernos bien informados, sobre el contenido, alcances y efectos del debate sobre las drogas. Aprendamos a distinguir qué es un mito, leyenda o realidad. Las futuras generaciones no tienen por qué seguir pagando las fallas negligentes e irresponsables de “los adultos”. En este sentido, un recomendable canal de información lo es MUCD (www.mucd.org.mx), donde existen personas y datos para validar por qué regular o legalizar es la mejor y única alternativa ante la severa crisis y estado de emergencia que viven países como México.
Lo importante es empezar a generar conciencia y abordar los debates y discusiones lo mejor informados. La realidad lo reclama y no es válido seguir con los ojos tapados irreflexivamente.
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Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México. Drogas a debate: en vez de condenar, entender
Lo importante es empezar a generar conciencia y abordar los debates y discusiones lo mejor informados. La realidad lo reclama y no es válido seguir con los ojos tapados irreflexivamente.
Las drogas son una oportunidad para debatir sobre ellas, pero en forma reflexiva y muy bien informados. La actual política pública en materia de seguridad y justicia penal ha fracasado en esta materia. Es momento de abrir los ojos a novedosas opciones o alternativas para iniciar una nueva regulación, haciendo de las drogas una política pública de salud y combate a las adicciones.
Prohibir la prohibición
Frente a las difíciles cuestiones y disyuntivas humanas, las decisiones de gobierno no siempre deben tomarse atendiendo a lo científico o técnico, sino también a lo prudencial o ponderativo. Un importante ejemplo es la actual discusión sobre las drogas y los acalorados debates entre continuar con la tradicional “prohibición” o decidir su estratégica “legalización”. Sobre este tema hoy es momento de afrontar la realidad y reconocer la verdad del fenómeno y sus consecuencias.
Tradicionalmente, en todo lo relacionado con “las drogas” imperaba la total prohibición, a rajatablas, es decir, la prohibición absoluta como “solución” para contener los efectos dañinos de su consumo; decisión que se pretendía justificar con argumentos simplistas -más allá de lo moral- con el fin de que cualquier consumo, no importando el tipo de droga, fuera imperdonable y, por lo tanto, condenable.
Así, tal política pública prohibicionista se impuso sobre cualquier intento de abordar el fenómeno del consumo como una posible cuestión de salud pública, pues preponderantemente existía represión y reproche legal en su contra, con base en políticas de seguridad pública y justicia penal.
Sin embargo, desde hace tiempo, esos argumentos absolutistas se han desmoronado como castillos de arena ante un mar de datos duros que comprueban las verdaderas consecuencias. A tal grado se han desmoronado que, incluso, han dejado expuestos los fundamentos y justificaciones falsas, retrógradas o equivocadas del prohibicionismo.
Novedosos argumentos
Al respecto, es oportuno invocar ciertos razonamientos de importantes miembros de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), entre ellos Juan Francisco Torres Landa quien, junto con muchos otros ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil organizada, han dado a conocer “novedosos argumentos” que contrastan a aquellos prohibicionistas, y que permiten ahora reflexionar sobre la necesidad de cambio de paradigmas. Torres Landa ha señalado que “la prohibición tiene como sustento el que si se coarta el suministro de los estupefacientes resulta imposible consumirlas. Sin embargo, eliminar dicha disponibilidad es imposible porque la demanda para su consumo no varía por el hecho de que estén prohibidas las sustancias. La simple ley de oferta y demanda cumple su impacto a pesar de que artificialmente se quiera hacer lo contrario. La única diferencia es que la oferta ahora se realiza a la luz de un mercado clandestino en que el control regulatorio (cantidades, calidades, dosis, años de edad para consumo, diversidad, lugares de consumo, etc.) se ejerce directamente por la delincuencia organizada. Todo un botín que “la prohibición” les obsequió. Esa es la realidad que nos han pretendido ocultar por años y décadas”.
Sin embargo, la falsedad y mentalidad retrógrada del pasado se derrumba rápidamente, y cada vez son más personas físicas y jurídicas que están reconociendo la realidad y la necesidad de cambiar de estrategia. En el caso mexicano, la decisión -se dice- debe venir de “Los Pinos o del presidente” para hacer los cambios legislativos, pero el temor de los gobiernos del pasado a fallar paralizó a los altos oficiales administrativos y legislativos. Su temor a fallar, no les permitió ver que, de cualquier forma, fallaron. Lo grave es que no quieran reconocerlo.
Hoy es momento de que salgan a la luz pública, para concomimiento de la gente, las enormes multimillonarias asignaciones presupuestales y de gasto público en materia de “combate a las drogas”, con el fin de acreditar el denigrante dispendio y derroche en los últimos 12 años de gobierno en México y, como resultado, el fracaso de la política prohibicionista a rajatablas.
Derroche y más derroche
Lo grave no solamente es todo el dinero que gastó y gasta el actual gobierno, sino todos los terribles resultados obtenidos a cambio, señala Torres Landa: pues los datos duros son demoledores: más de 200,000 muertos, más de 30,000 desaparecidos, más de 250,000 desplazados, millones de personas afectadas en sus familias, trabajo o comunidades. En este 2018 se sufrió un incremento de 10% respecto a los primeros siete meses de 2017, provocando que este año fuera el peor año de violencia registrado en la historia reciente del país. Un desastre por donde se le vea…
Hoy la inseguridad y violencia, a lo largo y ancho del país, no resisten más sus consecuencias en agravio de los honestos ciudadanos. No cabe duda que muchísimos gobernantes y servidores públicos saben, en conciencia, que no están haciendo bien las cosas; que son y serán copartícipes o coautores de la pesadilla mexicana que no permitirá despertar a millones de mexicanos.
Para efectos de decidir estratégica y prudencialmente la “legalización” de las drogas, no es necesario que México pague la campana de aprendizaje, pues hay valiosas experiencias y mejores prácticas de gobierno a nivel internacional, específicamente en el manejo de la mariguana, como son España, Uruguay, Portugal, Estados Unidos y Canadá. Incluso, en nuestro país, en el estado de Guerrero, el Congreso local tiene una interesante iniciativa en materia de opiáceos, que es un insumo fundamental para la industria farmacéutica en la fabricación de morfina como tratamiento de control medicinal. Con este tipo de iniciativas legales se pretende, entre otras cuestiones, estimular el desarrollo de la economía formal, con la finalidad de detonar que las actividades agrícolas y campesinas tengan incentivos para la siembra legal de amapola, con los efectos de trabajo formal y seguridad social, así como gravámenes controlados y, en consecuencia, estimular el desarrollo económico regional.
La regulación de las drogas deberá ser paulatina y de amplio espectro, pero eminentemente estratégica como parte de una política pública en materia “de salud” y profundo combate a las adicciones. Ciertamente, las estrategias de legalización deben ser distintas para la mariguana, la cocaína, la heroína u otros sicotrópicos, respectivamente, pues está demostrado que sus consecuencias son radicalmente distintas. En este sentido, empezar por legalizar la mariguana, en sus múltiples aspectos, es un gran primer paso, a escala nacional. Esto es, siempre que se adopten las mejores prácticas de gobierno con base en las experiencias de otros países, aplicadas a la realidad concreta.
Hoy se dice que el acceso a todo tipo de drogas es una realidad, calle por calle, callejón por callejón, antro por antro, escuela por escuela y todo tipo de lugares públicos. Como bien dice MUCD, el control de la calidad, cantidad, dosis y disponibilidad ahora lo tiene la delincuencia organizada, cuando es claro que estas facultades y atribuciones le corresponden -y siempre le debieron haber correspondido- al Estado. Aseguran que, si se ha podido regular legalmente el consumo de tabaco, alcohol y medicinas, no hay razón por la cual no podamos hacerlo con otras drogas.
Exigencia de nueva regulación
La clave es una contundente exigencia y vinculación con las autoridades, pues el Estado debe utilizar las mejores herramientas en materia de prevención, tratamiento y cuidado en las cuestiones sanitarias y adicciones, eliminando los controles informales o clandestinos que hoy están en manos de la delincuencia organizada.
Es lamentable reconocer que el Estado Mexicano aparece, ante la percepción generalizada, como una entidad débil frente a la poderosa Delincuencia Organizada. Es indudable que la legalización inteligente es un primer paso para revertir esta pésima tendencia.
Todos tenemos el deber de informarnos, y mantenernos bien informados, sobre el contenido, alcances y efectos del debate sobre las drogas. Aprendamos a distinguir qué es un mito, leyenda o realidad. Las futuras generaciones no tienen por qué seguir pagando las fallas negligentes e irresponsables de “los adultos”. En este sentido, un recomendable canal de información lo es MUCD (www.mucd.org.mx), donde existen personas y datos para validar por qué regular o legalizar es la mejor y única alternativa ante la severa crisis y estado de emergencia que viven países como México.
Lo importante es empezar a generar conciencia y abordar los debates y discusiones lo mejor informados. La realidad lo reclama y no es válido seguir con los ojos tapados irreflexivamente.
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