Para rescatar cientos de miles de empleos que se están perdiendo como consecuencia de las medidas establecidas para tratar de contener la propagación del coronavirus Covid-19, tendrán que integrarse en un gran acuerdo el gobierno federal, empresas y los propios trabajadores.
Una propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hace un llamado para que el gobierno aporte recursos públicos para el pago de salarios, las empresas integren otra parte y los trabajadores acepten reducir sus ingresos con el objetivo de no eliminar miles de plazas de trabajo y evitar el cierre de empresas.
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Bautizada como Salario Solidario, la iniciativa establece que el tope máximo que el gobierno destinará por trabajador es equivalente a tres salarios mínimos, el patrón pagaría una proporción del salario del trabajador y el trabajador aceptaría recibir una proporción menor de su salario, exceptuando a los que ganan de uno a tres salarios mínimos.
“Estamos pidiendo a los trabajadores que nos ayuden a conservar los empleos, necesitamos que esas empresas que no han podido operar, las que están teniendo un menoscabo nunca antes visto derivado de la situación actual y tengan apoyo por parte del gobierno con impuestos que pagamos todos con el dinero de nuestros impuestos”, explicó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex en conferencia de prensa.
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El gasto de gobierno que sugiere la Coparmex es de alrededor de 96 millones de pesos y beneficiaria a más de 20 millones de mexicanos y se implementaría para los meses de abril, mayo y de continuar la contingencia en junio.
En la conferencia encabezada por el líder nacional de Coparmex y representantes de los estados, se detalló que de los más de 20 millones de trabajadores beneficiados, 14 millones forman parte del grupo que percibe de uno a tres salarios mínimos, cinco millones cuyo salario es de entre tres y 10 salarios mínimos y 113,000 personas que gana más de 10 salarios mínimos.
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La Coparmex sugiere que para financiar este programa se adquiera deuda pública y reorientar el gasto público al detener obras públicas “no esenciales” como ella reconversión de aeropuerto militar de Santa Lucia en uno comercial, el Tren Maya y la Refinería dos Bocas.
Los integrantes de la confederación patronal solicitaron a los trabajadores unirse con los empresarios para exigir al gobierno robustecer su respuesta de apoyo económico a los sectores empresariales en el marco de esta emergencia sanitaria.
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