Organismos empresariales, de la sociedad civil y académicos han insistido en la urgencia de que el gobierno contenga la pérdida de empleos y apoyar a trabajadores informales que se quedaron sin ninguna fuente de ingresos, a través de un programa de transferencias directas y apoyo condicionado a empresas. 

De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), se tendrían que destinar 720,840 millones de pesos, es decir, 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), para detener la caída de empleos y la disminución de ingresos provocada por las medidas de distanciamiento social dictadas para contener la expansión del Covid-19. 

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Una encuesta elaborada por Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) apunta que 37.7% de los hogares reportan que uno o más  de sus integrantes perdió su empleo o alguna otra fuente de ingresos, en tanto que la población con menor nivel socioeconómica es mucho más propensa a perder el empleo. 

“En la primera quincena de abril entre 5.2 y 8.1 millones de personas reportaron haber perdido su empleo, ser descansadas o no poder salir a buscar trabajo por la contingencia, entonces para ponerlo en contexto, con datos oficiales, en octubre y diciembre de 2019 sólo 1.9 millones de personas estaba desempleada”, señaló Graciela Teruel, directora de Equide.

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Para tratar de evitar que esta se vuelva una crisis multidimensional, los integrantes del CEEY afirman que se deben integrar un programa de apoyo al empleo e ingresos robusto. 

Este programa consta de tres pasos: inyectar liquidez a las empresas con la condición de destinar el apoyo para la protección de sus trabajadores a través de nómina, establecer un programa de transferencias directas a trabajadores informales de hasta un salario mínimo por tres meses y para los trabajadores formales que no están afiliados al IMSS, debido a que son trabajadores independientes, apoyar con devoluciones de hasta 10,000 pesos. 

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También incluye un plan de seguro de desempleo de hasta dos salarios mínimos mensuales para los trabajadores que si eran formales pero perdieron su empleo. 

Con este programa se apoyaría en total a 38 millones de personas en el país, detalló Roberto Vélez, director del CEEY. 

“La crisis es multifacética, no es solo una crisis de empleo dada la informalidad que hay en el país esta es una crisis de medios de vida”, alertó en su oportunidad Ricardo Fuentes Nieva, integrante de OXFAM. 

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