Para reducir la pobreza energética y beneficiar a los usuarios finales, funcionarios del sector propusieron que se democratice la política energética del país.
Héctor Moreira, representante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), declaró que México ha cambiado su política energética cada sexenio desde hace 20 años, priorizando la seguridad energética mediante carbón y energía nuclear, pasando por el calentamiento global, mientras que hoy se persigue la soberanía.
“No podemos esperar que cada quien tenga su política energética, debemos usar nuestro sistema democrático en las decisiones sobre energía y lo que las personas pueden esperar del proveedor”, declaró el comisionado durante un evento virtual.
Recordó que durante 2002, bajo el gobierno panista de Vicente Fox, México compraba carbón desde Australia pues la política energética era de seguridad, mientras que la opción de gas estadounidense no era viable por los elevados costos, pero con la llegada del fracking y gas shale estadounidense se consiguió el energético a bajo costo y se ancló la matriz energética a dicho hidrocarburo.
Durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, la política energética fue ecológica con la disminución la huella de carbono, por lo que se despachó primero la energía eléctrica de centrales renovables. Ahora, con el presidente López Obrador, el gobierno busca el fortalecimiento de las empresas estatales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El gobierno mexicano estima que 20% de los mexicanos emplean leña para cocinar alimentos y calentar sus hogares, la mayoría de estos en zonas rurales.
Moreira dijo que la quema de leña, un recurso disponible, confiable y de bajo costo, es dañino para el medio ambiente y la salud humana, pero para un campesino eso no es prioridad, por lo que insistió en la necesida de proceso democrático para alcanzar un consenso nacional.
“Estamos dando estos saltos (cada sexenio) porque no hay debate a fondo de derechos que vamos a darle a la gente en términos de energía, y en cómo se van a tomar esas decisiones”, comentó.
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María Valencia, funcionaria de la agencia de energía del gobierno de Puebla, comentó que faltan derechos de los usuarios finales de energía no más allá de un punto de vista económico.
En México, cerca de 1.2 millones de habitantes, equivalente a 35,000 hogares, carece de energía por su situación de pobreza extrema, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citados por la organización medioambiental Greenpeace, y es posible que el resto de la población tenga energía, pero con problemas de abastecimiento.
“Aproximadamente 37% de los hogares en México se privan de un bien económico, iluminación o climatización por no tener energía suficiente y esto también es una forma de pobreza energética”, declaró.
Valencia añadió que nuestro país necesita un enfoque que beneficie a los usuarios finales, y que no sean vistos como una “simple mercancía” sino como un “derecho social”.
“Claramente tiene que ponerse en contextos políticos sobre cuáles son las prioridades y traducirlo a política pública”, expresó.
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