Para las empresas de energías renovables en México, la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es la más devastadora para el país por sus posibles impactos a la economía.

“Es la más destructiva de todos los intentos del gobierno en el sector eléctrico desde hace más de un año, pero no solo por su impacto en el sector, sino por las consecuencias para la economía de México”, declaró en entrevista con Forbes México el vocero de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energías Renovables (AMDEE), Julio Valle.

El pasado 29 de enero de 2021, el político tabasqueño envío a la Cámara de Diputados una propuesta que pretende priorizar las plantas eléctricas de CFE en el despacho al sistema eléctrico nacional y relegar las plantas de energía renovable de la iniciativa privada, cancelar permisos de autoabasto eléctrico, así como eliminar la obligación para que la subsidiaria CFE Suministro Básico —que atiende a 45 millones de clientes— compre luz de las Subastas Eléctricas derivadas de la Reforma Energética del priista Enrique Peña Nieto.

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El representante del sector de energía renovable citó un impacto a la Constitución mexicana en competencia económica, además de aplicación retroactiva de una medida para cancelar permisos de forma arbitraria, y limitar la rentabilidad de inversionistas privados, no sólo en generación eléctrica sino en el acceso a redes de transmisión.

Para explicar su punto, Valle citó los costos de generación derivados de las subastas eléctricas, con precios de 650 pesos por MegaWatt-hora (MW-h), incluido el Certificado de Energía Limpia (CEL), frente a los 1,400 pesos por MW-h que ofrece el portafolio de la empresa productiva del Estado.

“Es más del doble. Si el gobierno se avoca a generar electricidad con tecnología más cara, esto se traducirá en tarifas más altas o subisdios, y tendría una presión para las finanzas públicas en el corto y mediano plazo”, advirtió.

En 2019, el gobierno de López Obrador entregó a CFE subsidios por 75,000 millones de pesos para las tarifas eléctricas, según el reporte anual de la compañía estatal. La administración morenista ha prometido que la luz sólo suba de acuerdo con la inflación.

Otro golpe de la iniciativa de reforma eléctrica es un posible aumento en tarifas eléctricas que afectaría la competitividad del país y ahuyentaría nuevas inversiones, la planta laboral existente, con recortes adicionales por no poder fabricar componentes de exportación.

Además, dice el vocero, para corporativos o empresas con ambiciones medioambientales sería una señal muy negativa porque no tendrían cómo cumplir sus compromisos para frenar el calentamiento global.

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Valle ejemplificó con la pujante industria automotriz que habita en México, que tendrá que cambiar para ser fabricantes y proveedores de vehículos eléctricos, y si no encuentran lo compromisos ambientales de las autoridades mexicanas, buscarán otros países alineados a sus objetivos.

“Si México no está listo, las automotrices no van a esperar, pero eso pasa con otros sectores. Sin condiciones, las inversiones no estarán o no regresarán”, sentenció.

Por último, el sector renovable señaló los impactos al medio ambiente y a la salud de los mexicanos, como consecuencia de operar centrales eléctricas que queman combustóleo, un combustible sucio y carbón.

“Esto afecta la calidad del aire que respiramos con impactos no solo para la salud pública sino en términos climáticos y tratados internacionales (como el Acuerdo de París)”, añadió.

Valle espera que los legisladores en San Lázaro, como un poder autónomo del país, revisen imparcialmente la iniciativa de reforma eléctrica y determinen si conviene a México y no solo a la CFE.

“El fallo de la Suprema Corte (en contra de la Política de Confiabilidad de Sener) tendría que fomentar una revisión más profunda por parte de los legisladores. El camino estaría muy marcado por litigios y controversias constitucionales”, advirtió.

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Asolmex tiene 131 firmas asociadas, mientras que AMDEE posee 90 agremiados.

 

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