La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) consideró en un dictamen preliminar que no existen condiciones de competencia en la red de pagos con tarjeta en México.
Lo anterior, debido a la probable existencia de barreras a la competencia que generan costos y requisitos anticompetitivos a la entrada de nuevos participantes en este mercado.
De acuerdo con el organismo, esto impide la entrada e incrementa los costos de nuevos participantes en este mercado, además, inhibe la innovación, la inversión para atender problemas operativos y de seguridad, y aumenta los costos de los bancos que afilian a los comercios.
“La existencia de una sola red de pagos con tarjeta que aplica reglas que imposibilitan la coexistencia de otras redes de pago con menores cuotas, mejores servicios y mayor seguridad en las transacciones”, aseguró.
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En un comunicado, la Cofece expuso que ocho bancos son copropietarios de las cámaras de compensación que se encargan de procesar las operaciones en la red de pagos, lo que les permite contar con información que otros bancos no tienen e instrumentar esquemas comerciales que les dan ventajas respecto a sus competidores.
“A diferencia de como ocurre en otros países, la obligación de garantizar la liquidez diaria de las transacciones recae en los titulares de marca y no en las cámaras de compensación, que son las que procesan los pagos y conocen los riesgos de cada operación.
“Lo anterior, por un lado, desincentiva la entrada de otras marcas de tarjetas, y por otro, al no tener esta obligación, las cámaras de compensación dejan de invertir y monitorear el sistema para detectar amenazas, lo que genera riesgos a la seguridad de la red de pagos”, expuso.
De acuerdo con la Comisión, los sistemas de pagos con tarjeta permiten la transferencia de dinero entre tarjetahabientes y comercios para la compra de bienes y servicios, por lo que los usuarios requieren conectarse a una red de pagos con tarjeta en la que se procese la transacción.
Para ello, el que compra necesita una tarjeta proporcionada por un banco emisor que le permita disponer de recursos, a su vez, el comercio necesita un banco que le dé acceso a la red y a la tecnología para aceptar las tarjetas como una forma de pago.
“En esta red participan bancos que emiten las tarjetas y/o afilian comercios; los titulares de marca de la tarjeta (por ejemplo, Visa y MasterCard) y las cámaras de compensación que procesan la transacción, que en México son dos, E-Global y Prosa. La falta de condiciones de competencia en los servicios que ofrece esta red afecta a los consumidores y a los comercios, frenando la bancarización y la inclusión financiera”, explicó.
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Conforme al dictamen preliminar, esto genera falta de seguridad, tecnología e innovación que se traduce en frecuentes interrupciones en la red de pagos que impiden la realización de transacciones y generan pérdidas en ventas para los comercios.
Asimismo, a falta de inversión, algunos de los estándares tecnológicos que permiten reducir significativamente los niveles de fraude en tarjetas llevan más de 15 años sin poder implementarse totalmente en México.
Lo anterior también genera sobreprecios en las transacciones que se realizan en la red de pagos, ya que la cuota elevada que cobran los bancos a los comercios por recibir un pago con tarjeta provoca que pocos comercios estén interesados en recibir pagos por este medio, ya que deben asumir ese costo.
También, la copropiedad de los bancos accionistas en las cámaras de compensación les da acceso a información de otros participantes, lo que constituye una ventaja indebida pues pueden anticiparse y contrarrestar las estrategias de negocio de sus competidores.
“Así, los bancos accionistas utilizan a las cámaras de compensación para operar estrategias comerciales (por ejemplo, compras a meses sin intereses) que tendría que realizar su área comercial y no la cámara de compensación”.
Para eliminar estas barreras, el dictamen preliminar propone desincorporar el 51% de las acciones de las cámaras de compensación (E-Global y Prosa), hoy propiedad de algunos bancos, además de recomendar al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que eliminen los obstáculos regulatorios detectados, y a la vez, emitan una regulación que asegure la competencia.
