La firma indicó que la reforma fortalece el marco institucional de los gobiernos subnacionales en México, ya que se impulsa un mayor control, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

La agencia calificadora Fitch Ratings consideró que el efecto de la reforma en materia de deuda estatal, aprobada en el Senado, se alcanzaría en el mediano plazo, debido al proceso de adecuación legislativo que puede ser lento.

No obstante, la firma indicó que la regulación fortalece el marco institucional de los gobiernos subnacionales en México, ya que se impulsa un mayor control, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

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Derivado de lo anterior, Fitch prevé un impacto positivo en el mediano plazo sobre las calificaciones de los gobiernos estatales que asimilen más rápido las reglas nuevas de endeudamiento subnacional en el país.

Asimismo, la calificadora expuso que la reforma constitucional es una condición necesaria, pero insuficiente para alcanzar los efectos deseados, esto en gran medida porque en la ley hay puntos en los que no se profundiza.

Fitch señaló que es necesario que la ley defina lo que se considerará como niveles elevados de deuda y lo que, en términos operativos, se entenderá como condiciones de mercado.

La agencia puntualizó que el comportamiento de desaceleración en los saldos de deuda subnacional podría descontinuarse en 2015, esto por el proceso electoral que está en puerta y que, además de implicar la elección de diputados federales y locales, suma a la de gobernadores y presidentes municipales.

Fitch Ratings presentó a su juicio los 10 puntos más relevantes de la reforma que fue aprobaba por la Cámara Alta.

  1. Estabilidad financiera como principio del desarrollo.
  2. Congreso de la Unión facultado en la materia.
  3. Gobierno Federal, garante de la deuda pública subnacional.
  4. Comisión Bicameral observante de la estrategia federal.
  5. Mayor fiscalización de los recursos públicos.
  6. Rendición de cuentas de servidores públicos.
  7. Destino del crédito y contratación en condiciones de mercado.
  8. Autorización de la deuda por consenso.
  9. Normas prudenciales al pasivo de corto plazo.
  10. Mayor transparencia y acceso a la información.

 

 

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