Integrantes del ejido de El Bajío, ubicado en Caborca, Sonora, denunciaron el despojo de tierras suyas por parte de Rafael Pavlovich, tío de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Ante la situación que data de varios años, los ejidatarios acordaron en asamblea buscar la ayuda del próximo gobierno federal presidido por Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el portal de la revista Proceso, decidieron buscar específicamente a Alfonso Durazo, propuesto para ser secretario de Seguridad Pública, y a Tatiana Clouthier, quien está prevista para la nueva subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles en la Secretaría de Gobernación.

Un vocero del ejido recordó al semanario que Durazo, quien era coordinador de Morena en Sonora, ha condenado públicamente los “abusos ” del gobierno de la priista Pavlovich.

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El representante señaló a Rafael Pavlovich como responsable del despojo de tierras y de acoso judicial a los campesinos; además, aseguró tener fundamentos para responsabilizarlo de la desaparición de tres habitantes, entre ellos el presidente del ejido.

Detalló que en el conflicto también está involucrado el empresario Alberto Baillères González, por medio de su minera, Grupo Peñoles, y la empresa estadounidense Minera Penmont, con la que se asoció.

“Realmente la problemática data desde 1998 , fecha en que Grupo Peñoles, de Alberto Baillères González, a través de sus socia Minera Penmont, ocupó ilícitamente las tierras ejidales valiéndose del inmenso poder económico y político con el que cuentan”, comentó el ejidatario a Proceso.

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Narró, además, que tras un largo litigio, el tribunal agrario encabezado por el magistrado Manuel Loya Valverde sancionó a Penmont por la explotación ilegal de las tierras en busca de oro y le ordenó devolver el material extraído, así como la restitución de las tierras a los ejidatarios, entre otras obligaciones.

No obstabte, según el portavoz, la resolución no fue cumplida y el actual senador priista Ernesto Gándara asumió la defensa legal de Minera Penmont, aprovechando su influencia desde la Cámara alta.

“El ejido El Bajío ha tenido que lidiar  contra la corrupción de todos los niveles de gobierno, desde funcionarios como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional que boicotea nuestras acciones en lo posible, magistrados agrarios corruptos, jueces estatales corruptos que giran órdenes de captura por encargo, hostigamientos  parte de la policía estatal y de forma intermitente por elementos del Ejército”, acusó el vocero.

En los acuerdos que tomó la asamblea ejidal –enviados al semanario– se indica que los campesinos intentaron reunirse sin éxito con López Obrador durante su visita a Puerto Peñasco en 2016.

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