Habitantes de Ixtacamaxtitlán, municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla, se manifestaron frente a la sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para exigir que no apruebe la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 21PU2019M0014 del proyecto minero Ixtaca.

El proyecto se desarrolla en la localidad de Santa María Zotoltepec por parte de Minera Gorrión, subsidiaria en México de la minera canadiense Alamaden Minerals.

Los habitantes entregaron 3 mil 500 firmas de parte de habitantes de 40 comunidades aledañas a esa localidad en el mismo municipio con el fin de solicitar a Víctor Toledo, titular de la Semarnat, que no autoricen la MIA, tras lo cual se busca iniciar la explotación de minerales como oro y plata en la zona a partir de marzo de 2020.

Para frenar el desarrollo, desde 2015 el equipo legal de la Unión de Ejidos y comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua promovió el amparo 445/2015, por el que el ejido de Tecoltemi reclamó entre otras cosas, la entrega de las concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2 para exploración y explotación minera y la reducción de la concesión minera otorgada a Gorrión sin consulta al pueblo indígena de la región y sin respeto al derecho humano al agua, así como al uso del territorio.

“Durante el proceso del juicio de amparo que obtuvimos contra las concesiones mineras cerro grande y cerro grande 2 la empresa buscó deshacerse del juicio de amparo intentando hacer una ‘treta jurídica’ que es reducir las concesiones mineras que abarcan 16 mil hectáreas en el municipio, reducirlas, hacerlas cachito y desistirse de las que afectan específicamente la tierra y territorio del ejido de Tecoltemi“, acusó la abogada Diana Pérez, quien lleva la demanda de los ejidatarios.

Ixtacamaxtitlán es una localidad de unos 25 mil habitantes, donde el 8% de la población es hablante de alguna lengua indígena, de acuerdo con datos del Inegi hasta 2015. Según la abogada, las autoridades tuvieron que realizar una consulta a las comunidades indígenas que habitan en la región previo a la entrega de las concesiones mineras, que se otorgaron en 2003 y 2009.

Forbes buscó a la minera para conocer su postura al respecto, pero el equipo de la firma dijo que no se emitiría ningún pronunciamiento a raíz de esta manifestación el mismo martes.

Sin embargo, el miércoles difundieron un comunicado en que resaltaron que el juicio de amparo fue impugnado tanto por las autoridades señaladas de incumplimiento al autorizar el proyecto como por la propia empresa.

“Después de recibir estos recursos en tiempo y forma, la juez del caso lo turnó al Tribunal Colegiado correspondiente, continuando por ello el caso dentro del ámbito judicial y sin que hasta el momento haya una sentencia definitiva“, señala el mensaje.

Además, el mensaje reitera que la empresa decidió no realizar obra alguna en el ejido de Tecoltemi, “incluso se ha desistido de cualquier concesión minera otorgada en terrenos del mismo”.

El comunicado también refiere que la ex Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) informó que el municipio de Ixtacamaxtitlán tiene presencia indígena; sin embargo, en la zona de influencia del proyecto no hay comunidades de este tipo.

 

 

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