Termina mal el año en cuestiones de seguridad.  Es, por supuesto, una mala noticia y lo más grave es que no hay muchos motivos para pensar que en 2020 las cosas mejorarán.

El problema es que se partió de un mal diagnóstico, al insistir en que los niveles de violencia respondían a la propia acción del Estado, cuando en realidad son reflejo de bandas criminales cada día más peligrosas. 

En muchas regiones del país se está volviendo a situaciones similares a las de los peores momentos del gobierno de Felipe Calderón, y Michoacán es un ejemplo, donde la Familia Michoacana recobró bríos y el cártel de Jalisco les disputa territorios. 

Lo que ahí ocurre es consecuencia de políticas públicas fallidas, las de antes y las de ahora. Lo es, también, de apuestas estratégicas riesgosas, como la que se desarrolló, durante la administración de Enrique Peña Nieto,  para apoyar a los grupos de autodefensa, lo que permitió, entre otras cosas, detener a Servando Martínez “La Tuta”, pero significó abrir la puerta a grupos criminales peligrosos. 

En Guanajuato, en los últimos meses,  la lucha contra el huachicol ha tenido una respuesta muy violenta de los bandidos, los que están mutando a otro tipo de actividades ilegales. Esto muestra que el voluntarismo de poco sirve, si no está encadenado a otro tipo de factores y de presencia institucional y policial. 

 A ello hay que sumar que los operativos para desarticular a los grupos de mayor poderío criminal fueron suspendidos y que no existe, al menos para el corto plazo, ninguna señal de que se reanudarán.

La destrucción de la Policía Federal es quizá el elemento más pernicioso de esta historia, la de los últimos 12 meses, y esto es así, porque la Guardia Nacional no acaba de consolidarse y se está metiendo a la Secretaría de la Defensa a presiones más altas de las que ya enfrentaba. 

Si bien la disposición, del gobierno de la República, de atacar la corrupción es la correcta, esto no se está haciendo con esquemas de control y de supervisión, que garanticen que el camino que se está siguiendo es el adecuado. 

La seguridad pública es uno de los ejes de cualquier gobierno y la calificación que la ciudadanía realiza, de esa asignatura, termina por definir mandatos completos. No es para menos, y hay que recordar que el derecho más importante, el de mayor relevancia, es justamente el de tener una vida sin sobresaltos y donde las actividades cotidianas estén garantizadas de la irrupción de los bandidos y los violentos.

Por desgracia esto no es así, y más vale que sea corregido pronto, porque de otra manera no solo volveremos a etapas que tuvieron un alto costo, sino que ello puede ser todavía peor, porque las capacidades institucionales no son las mismas. 

Quizá el principio de la solución radique en aceptar que la situación ha empeorado, donde los homicidios dolosos ( 36 mil en 2019) son una señal alarmante, y tomar las medidas de corrección que sean adecuadas, inclusive si  son similares  a las que en su momento impulsaron los hoy descalificados gobiernos del pasado.

 

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