El caso argentino, o de cómo no colocar deuda

Cuando Buenos Aires vendió bonos para hacerse de recursos en la década de 1990, optó por emitirlos bajo las leyes de Nueva York. Hoy  lamenta esa decisión, la resaca de la fiesta financiera pasa la factura.   Por Daniel Fisher   Argentina es víctima del mismo sistema financiero global del cual depende para financiar sus déficits crónicos. La semana pasada un juez federal en Nueva York se negó a permitir que Argentina pagara intereses a los tenedores de bonos que aceptaron una reestructuración de deuda sin pagar también a los denominados “holdouts”, los fondos que no aceptaron el canje de títulos ofrecido en negociaciones pasadas por Argentina, liderados por el multimillonario Paul Singer. El jueves pasado, ese mismo juez le dijo al país que necesita negociar una salida al problema. “Sienten a la República a la mesa”, dijo el juez de distrito Thomas P. Griesa a los abogados en la conclusión de la audiencia del viernes, de acuerdo con Newsday. Argentina se lamenta, diciendo que el fallo de Griesa provocará un default en su deuda soberana o el agotamiento de sus reservas de divisas para pagar a todos esos holdouts e inversionistas buitre. Pero el problema radica en la solución propuesta por la misma Argentina. Cuando Buenos Aires vendió los bonos en la década de 1990 optó por emitirlos bajo la ley de Nueva York, ofreciendo a los inversionistas un cierto grado de certeza en caso de caer, una vez más, en un incumplimiento de pagos (lo ha hecho en siete ocasiones desde que se independizó de España, en 1816, la última de ellas fue en 2001). Ahora, un juez de Nueva York está obligando a Argentina a que negocie, decisión confirmada por el segundo Tribunal de Circuito de Apelaciones y la Suprema Corte de Estados Unidos. “Lo que el tribunal de apelaciones dijo es que se trata de un mercado de compradores y vendedores, y Nueva York siempre ha reivindicado los derechos derivados de los contratos”, dijo Antonia Stolper, socia de Shearman & Sterling en Nueva York que se ocupa con frecuencia de los emisores de deuda soberana. Los jueces de Nueva York tienden a decir “nosotros interpretamos el contrato tal como está escrito para que los compradores y, por tanto, los acreedores, se sientan más protegidos.” El problema, desde el punto de vista de Argentina, es que hay aquí dos contratos en juego. Uno de ellos es el contrato de la década de 1990, que abarca unos 1,500 millones de dólares en deuda que la NML Capital de Singer y un puñado de otros fondos de cobertura adquirieron en un remate, los que, dice, deben ser pagados en su totalidad si Argentina le paga a alguien más. Luego está el contrato que cubre los bonos que Argentina dio a los tenedores por el 92% de sus 81,000 mdd en deuda incumplida en las reestructuraciones negociadas en 2005 y 2010. Esos inversionistas recibieron un recorte en sus bonos, pero una cláusula de Derechos Sobre Ofertas Futuras (RUFO por sus siglas en inglés) obliga a Argentina a pagarles en los mismos términos si “voluntariamente” se compromete a pagar a los holdouts. El país dice que eso requeriría que desembolsara inmediatamente 15,000 mdd en intereses –la mitad de sus reservas en moneda extranjera– y 120,000 mdd a lo largo del tiempo. Argentina y sus simpatizantes, como Jubilee USA,  dicen que la economía del país es rehén de “fondos buitre” que buscan “ganancias inesperadas” mediante la aplicación de términos jurídicos onerosos en un país que no puede permitirse el lujo de pagarlos. El verdadero problema, sin embargo, es que no hay manera de que un país vaya a la quiebra de la misma forma que una empresa privada, lo que permite a un juez resolver quién debe a quién y cuánto debe pagarle. A diferencia de una empresa en quiebra, “no tienes acceso a los activos”, me dijo Stolper, así que la única manera de reestructurar la deuda es a través de negociaciones. “Lo que esto hace en el contexto de una reestructuración, es darle cierto poder a los holdouts”, ya que pueden exigir ser reembolsados ​​o interferir en el proceso, como lo han hecho aquí Singer y Elliott Associates. Una solución son las denominadas cláusulas de acción colectiva (CACs), que hacen la vida más cara para los holdouts, exigiéndoles ser tenedores de hasta un tercio o más de los bonos en problemas antes de que puedan bloquear una reestructuración negociada por la mayoría. Ahora los emisores europeos deben incluir CACs en su deuda soberana, pero como los críticos como Pimco y la propia República de Argentina sostienen, no son una panacea. La experiencia con la deuda de los mercados emergentes, donde las CAC han sido frecuentes, es que los pequeños propietarios dispersos aún pueden impedir que una mayoría calificada negocie una reestructuración, dice Pimco. Así que la crisis de Argentina probablemente concluirá donde empezó, en Nueva York. El país no puede financiar de manera realista sus operaciones mediante la emisión de bonos en su propia moneda, en Argentina, porque la deuda soberana es un mercado global, dijo Stolper. “La gente no tiene pequeños trozos de papel con cupones ni puede ir a Argentina y hacerlos efectivos”, dijo. Y los acreedores no pueden recurrir a la táctica de enviar barcos de guerra para apoderarse de las riquezas del país, como en el siglo XIX, a pesar de que Elliott Associates ha tratado de apoderarse de un buque escuela naval y de aviones de funcionarios del gobierno de Argentina. En cambio, las partes seguirán litigando. Una pregunta es si Argentina tiene que apegarse a la cláusula RUFO si un juez le “ordena” pagar a los holdouts. Hay espacio para que los abogados negocien al respecto, dijo Stolper, ya que la cláusula RUFO sólo aplica si Argentina paga “voluntariamente” a los holdouts. “¿Qué significa que la República haga una oferta voluntaria en este caso?” Preguntó ella. “Eso se llama interpretar un contrato.” La cláusula RUFO está en vigor hasta el 31 de diciembre, creando interesantes oportunidades para que Argentina llegue a un acuerdo con los holdouts y evite honrar los términos que acordó con los tenedores que aceptaron la reestructuración. Incluso si obedece al juez y paga a Singer, tiene hasta finales de julio antes de que entrar oficialmente en incumplimiento, quizá sea tiempo suficiente para llegar a un acuerdo. Algunos críticos han sugerido que los problemas de Argentina están haciendo a Nueva York menos atractivo como centro financiero global. Stolper dijo que los países de mercados emergentes siguen regresando a Nueva York precisamente porque ofrece certeza a los inversionistas. El juez Griesa abrió nuevos caminos al rechazar el argumento de Argentina de que estaba protegido por la inmunidad soberana al tener una orden judicial estadounidense por los bancos que manejan sus finanzas. “Esa fue una innovación”, dijo Stolper, pero añadió que ha tenido poco efecto sobre los prestatarios extranjeros. “Hemos visto desvanecerse una serie de tratos, incluso después del fallo”, dijo.