La aprehensión del  narcotraficante exhibirá la competencia de los órganos jurisdiccionales del estado versus el reclamo de extradición de la justicia estadounidense.

 

El viernes 21 de febrero en una reunión del Club de Industriales, el ex presidente Felipe Calderón sentenciaba que México era un país sin leyes donde enfrentamos marginación, ignorancia y miseria. Justo al día siguiente paradójicamente aprehenderían al capo de capos Joaquín Guzmán Loera  conocido como el “Chapo”.

Pero ni con ello deja de resonar la lapidaria frase del ex presidente Calderón; el Estado de derecho puede ser interpretado en diversas formas, pero particularmente como aquel que respeta el derecho de los ciudadanos. Ya en una terminología más específica leemos en Hayek, que “(…)significa que el gobierno está vinculado por normas fijadas y publicadas de antemano-normas que hacen posible prever, con bastante certeza, cómo usará la autoridad sus poderes coercitivos en determinadas circunstancias y planear los asuntos de los individuos con base en este conocimiento”.

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Entendemos pues con claridad el respeto irrestricto y papel garante del estado respecto a los derechos y deberes del ciudadano. Aunque se tarde 13 años en demostrarlo.

Lo que hay que destacar por más definiciones del tema que se busquen, son dos elementos, primero Estado de derecho y orden público son conceptos distintos, pero no desacoplados, y segundo, ambos parten del concepto de sociedad civil sin el cual son irrealizables, pues de nada sirve un estado aparentemente organizado, si su base elemental no lo está. Es en esta correlación de fuerzas que puede inferirse la inaplicabilidad de las leyes, pero no su ausencia.

El derecho organiza a las sociedades, ambos elementos, orden jurídico y pueblo, son parte integradora del concepto del estado, y de ahí que resulte necesario observar el grado de incidencia de uno y otro término para observar la eficacia del derecho.

En este caso, la aprehensión del  “Chapo” Guzmán exhibirá la competencia de los órganos jurisdiccionales del estado versus el reclamo de extradición de la justicia estadounidense que también lo busca por diversas acusaciones delictivas cometidas en su territorio.

La petición de extradición de Estados Unidos obedece no sólo al tratado de extradición que tenemos con ellos de forma vinculante, sino a la prerrogativa que consideran poseer con base a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como la Convención de Palermo, pero y aún con ello, quien decide su extradición es el estado mexicano que tiene cuentas pendientes con el líder del cártel de Sinaloa, comenzando por purgar la sentencia que ya tenía y venía cumpliendo antes de su fuga, la cual por cierto no puede sancionarse pues no existe delito alguno tipificado por fuga.

El gobierno debe considerar los elementos para imputarle responsabilidad transparentando el debido proceso y la impartición de justicia, tal como lo hizo aún contra la opinión pública, en el caso de la entonces imputada de secuestro la francesa Florance Cassez, afirmando que la fuga del capo se debió entonces no a un mal proceso judicial, sino a un deficiente sistema penitenciario, y una Procuraduría (en los sexenios panistas) deficiente incapaz de satisfacer las demandas de justicia de un país ávido de justicia. Es decir, somos un país de leyes, pero con una brutal impunidad, secundada en ocasiones desde la autoridad y en donde el pueblo con su silencio se vuelve cómplice o víctima del aparato vengativo del estado.

La captura en sí misma asesta un duro golpe a los cárteles criminales y vislumbra una ventaja en popularidad y puntos para el partido en el poder, en la figura del presidente Enrique Peña Nieto, quien apenas a casi dos años de gobierno ha mostrado mano dura en contra de criminales y adversarios políticos. Se espera como pendientes en materia de seguridad, progresos contra el crimen organizado y las formas delictivas en que operan bajo el tráfico de drogas, el secuestro y la trata de personas entre otras de sus manifestaciones, impedir el crecimiento de grupos de autodefensas, que no hacen más que evidenciar la falta de capacidad del gobierno mexicano y abatir los índices de pobreza que desatan la violencia en el país.

Leyes tenemos, lo que falta es voluntad para cumplirlas de parte de todos.

 

 

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