Por Eduardo Aldave Fuentes Calvo*

En 2015, Adam McKay plasmó en el filme “La gran apuesta” (The Big Short) los efectos de la crisis financiera global de 2008, provocada principalmente por la reventa de hipotecas con instrumentos opacos y difíciles de valuar en Estados Unidos, así como su incumplimiento crediticio. Esto generó una burbuja económica producida por la especulación en los mercados y al romperse, propició la bancarrota de bancos, intermediarios financieros y empresas.

Más allá de ser el argumento de una película, esta situación puso en evidencia la necesidad de identificar a cada una de las entidades legales, transacciones y conexiones financieras, así como entender la verdadera naturaleza sobre la exposición al riesgo del sistema financiero mundial.

Ante este escenario, el G20 encomendó en 2011 al Financial Stability Board (FSB) la creación de un sistema global que identificara a las entidades legales que realizan transacciones en los mercados financieros, así como conocer su información clave de referencia. Un año después, el sistema GLEIS fue aprobado, teniendo como elemento central el Código LEI.

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Posteriormente, en 2014 surge el GLEIF, fundación sin fines de lucro constituida bajo leyes suizas y con sede en Frankfurt, Alemania, la cual se encarga de operar el GLEIS, asegurar la implementación de estándares técnicos y operacionales del Código LEI y acreditar a las organizaciones responsables de emitir y asignar códigos.

El código LEI empezó a asociarse a datos básicos de referencia validados por una Unidad de Operación Local (LOU). A partir de mayo del 2017 se adicionó, en caso de existir, la identificación de la empresa controladora inmediata y de la última compañía que ejerce control en orden jerárquico.

Contar con información referente a las relaciones y jerarquías entre las entidades legales, permite consolidar posiciones de riesgo de entidades que participan en transacciones de instrumentos derivados y sistema de pagos (nacional y extranjero). Además, mejorará las iniciativas de prevención de lavado de dinero, dará transparencia a las operaciones bursátiles, facilitará la reclamación de siniestros en seguros, simplificará reportes y permitirá el cumplimiento de la regulación vigente.

Respecto a México, Banxico estableció su obligatoriedad en la circular 14/2015 para las operaciones que vaya determinando y existen tres fechas clave para su adopción: 1 de junio, 1 de agosto y 3 de septiembre.

En primera instancia, las instituciones de crédito, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, fondos de inversión, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, deberán obtener un Código LEI.

Al día de hoy, se han emitido más de 1.2 millones de códigos LEI a nivel mundial. En México, 2 mil 510 compañías locales utilizan LEI para realizar transacciones financieras en los países donde es requerido.

Más allá de identificar a las entidades legales, el Código LEI será clave para reducir los riesgos del sistema financiero, dar estabilidad a los mercados y prevenir la próxima crisis económica mundial.

*Director de Administración y Finanzas de GS1 México

 

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