Por Julio Pilotzi*
El periodo de confinamiento derivado de la pandemia del Covid-19 detuvo gran parte de la operación industrial y empresarial a nivel global. Esta pausa puso un alto a procesos de producción, distribución y venta, lo que ha generado que multinacionales, así como pequeñas y medianas empresas de diversas industrias dejen de generar ingresos, lo que por supuesto ha propiciado recortes presupuestales, reducciones de nóminas y despidos masivos en aquellas iniciativas que no lograron mantener la plantilla de su capital humano. Dichos aspectos tienen hoy un impacto mayor en el desarrollo económico del país, dado que los modelos de negocio convencionales dejaron ser una fuente de recursos, lo que afectó el flujo de liquidez, por lo cual los particulares han comenzado a buscar nuevas formas de trabajo que les permitan obtener ingresos adicionales, de manera remota y a la mayor prontitud, orillando a la economía mexicana a la informalidad.
Información de los Censos Económicos 2019 indican que los establecimientos informales son aquellos que tienen de una a cinco personas ocupadas, no cuentan con personal proporcionado por otra razón social y no tienen gastos por servicios contables, legales y de administración, por lo que no pagan contribuciones patronales, de regímenes de seguridad social, así como tampoco otras prestaciones sociales. De acuerdo con la nueva plataforma Data México presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Economía, en el primer trimestre del año la informalidad representó 31 millones, 352 mil 204 personas trabajando este esquema (56%), lo que significó un incremento de 549 mil 3 personas frente al primer trimestre del año pasado.
En este sentido, los sectores de construcción, agricultura, servicios de alojamiento y catering registraron niveles de 84%, 83.3% y 82.5% de informalidad en el primer trimestre del año, siendo el primero el que representó un incremento en comparación con 2019, mientras que el segundo y tercero mantuvieron y redujeron la tasa respectivamente.
Dicha parálisis aplicada entre marzo y julio a los esfuerzos de crecimiento y generación de empleo en la industria de la construcción, registrará una contracción anual de 30%, la caída más profunda desde 1995, según la consultora especializada Forecastim; mientras que la última encuesta de Expectativas de Citibanamex arrojó un pronóstico de menor crecimiento para el PIB de este año, que anticipa una contracción de 9.6%, y recientemente los analistas encuestados por Banco de México bajaron su meta del PIB para este año a menos 9.9%.
Por otro lado, la informalidad no solo impacta el Producto Interno Bruto de las industrias y del país, sino que la recaudación de impuestos también se ve afectada. El mismo parón generó un desplome en los ingresos presupuestarios del país del 23.1% anual en mayo, de acuerdo con el informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública. Como prueba, en el mismo mes se esperaba captar un total de 269 mil 615 millones de pesos por ingresos tributarios, y solamente entraron 221 mil 589. Si bien la crisis que actualmente se vive en el país es del conocimiento de todos, hasta ahora son pocas las propuestas formales para atender el desempleo y reestructurar la formalidad en los modelos de negocio.
En este sentido y quienes han albergado a gran parte del segmento en condiciones de desempleo son las aplicaciones digitales, mismas que si bien tienen claroscuros en la manera en la que captan a sus llamados “socios”, son estas mismas las que ofrecen oportunidades de ingresos adicionales. Las empresas de redes de transporte o las soluciones de entrega inmediata por aplicación se han convertido en servicios esenciales durante el periodo de contingencia sanitaria, multiplicando sus operaciones y dando una alternativa para que jóvenes y adultos puedan tener una manera de generar ganancias personales de forma segura, estable y que se ajuste a las condiciones de la sociedad actual.
El presente momento no solo apremia al país, sino también es un problema de índole regional que se expande en todo América Latina, donde los retos económicos y sociales encontrarán pobreza, desigualdad, desempleo e informalidad, así como situaciones fiscales complejos y sectores financieros debilitados. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propone un pacto social de cara a la nueva realidad, que tiene como finalidad atender prioridades como limitar los costos económicos de la crisis al fortalecer la salud y disponibilidad de pruebas y mecanismos de seguimiento que permitan que consumidores y trabajadores recuperen la confianza de retomar sus actividades laborales, así como también limitar las pérdidas de ingresos de los hogares carentes e informales.
Por otro lado, de acuerdo con CAF- banco de desarrollo de América Latina, las micro y pequeñas empresas (mypes) se encuentran en una zona gris entre la formalidad y la informalidad, lo que ocasiona un potencial riesgo para el sector, porque préstamos tienen la alta probabilidad de convertirse en activos improductivos, por lo que tendrían que ser provisionados, como apuntó en uno de los artículos del blog. El panorama luce complicado: por un lado, es un hecho que en México, el gobierno federal no ha aportado el apoyo suficiente para respaldar al segmento empresarial en el país, donde según INEGI tan solo el 7.8% de las empresas obtuvo algún tipo de apoyo ante la crisis sanitaria, mientras que el resto (92.2%) no recibió ayuda de ninguna índole, lo que deja prácticamente a la deriva y a las expensas de alguna ayuda a quienes se vieron impactados por el Covid-19.
La actividad económica no se puede detener más, y las personas se tendrán que refugiar en las herramientas que encuentren a su paso, donde la pregunta que quedará pendiente de responder es, ¿de dónde provendrá el apoyo: de aplicaciones digitales que les permitan salir de la informalidad; de apoyos por parte de entidades financieras como BID y CAF; o de alguna política pública que implementen medidas eficientes para el segmento empresarial y social?.
Al tiempo, veremos cómo evoluciona la informalidad y su grave impacto en el país.
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Julio Pilotzi es analista de temas económicos.*
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