Por Jimena Cándano*

Dicho año fue considerado el más violento en la historia moderna de nuestro país. Lo preocupante de esta situación es que 2019 no tuvo mejores expectativas y por el contrario, todo indica que desfalcará a su antecesor. 

¿Cuál es la razón de que esto haya pasado? Desde una perspectiva económica, los incidentes violentos generan costos por daños a la propiedad, lesiones físicas que en su mayoría requieren de atención médica o un trauma psicológico, también es una realidad poco conocida que el miedo a la violencia altera el comportamiento de los mercados, provocando cambios en los modelos de inversión y consumo.

Un punto de vista jurídico revela que ante la escalada de violencia, las autoridades invierten en el sistema judicial menos de lo que se requiere. El gasto del gobierno en las fuerzas policiales y el sistema judicial como porcentaje del PIB, es apenas la mitad del promedio de los demás países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y dentro de este presupuesto la mayor parte del recurso va enfocado a policía y equipamiento, lo cual durante los últimos 12 años hemos visto que por si solo no funciona.

Desde una perspectiva de derechos humanos, podemos destacar que, los modelos vigentes que existen en México para atender los actos delictivos, además de ser punitivos, costosos y poco redituables, traen consigo muchas consecuencias como la falta de atención de las necesidades mínimas, lo que conlleva una violación a las garantías de quien se encuentra en prisión, aunado a ello, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 76% de estos sitios no cuenta con protocolos para prevenir y atender incidentes violentos, disminuyendo así que puedan reincorporarse a la sociedad de forma óptima al salir. Lo que no nos damos cuenta es que si no invertimos en que estas personas se reintegren de manera exitosa corremos el riesgo de que sigan cometiendo delitos aún más violentos.

Una perspectiva de prevención del delito y reinserción social nos revela que el problema central es la normalización de la violencia, en dos sentidos principalmente: el primero relacionado con ciertas poblaciones que por su contexto se han visto expuestos a conductas nocivas y condiciones de vida inhóspitas que propician la adopción de la delincuencia como estilo de vida.

El segundo, está vinculado con que como sociedad no solo nos hemos hecho inmunes a ver noticias relacionadas con la violencia, sino que hemos generado una cultura donde los héroes son los narcotraficantes, creando un falso oasis de una “mejor vida”, lo cual ocurrió, entre otras cosas, por la exposición a la narco cultura en series, películas y otros productos de consumo para nuestros tiempos de ocio. 

No solo estamos consumiendo violencia, la estamos justificando y la estamos convirtiendo en parte de nuestro estilo de vida. Tan solo en el último trimestre del año 2019 nos han azotado varios sucesos que no pueden ser aceptables desde ningún punto de vista y pese a que es algo que afecta directamente nuestro estado de bienestar, lo estamos encaminando a acciones equivocadas como ignorarlo. Hoy en día debería preocuparnos que en muchas zonas del país la aspiración de nuestras nuevas generaciones es iniciar su vida como narcotraficante. 

Durante este 2019 hemos pasado desde el huachicoleo hasta una guerra entre carteles que ha cobrado la vida de personas inocentes y parece que estamos empezando desde cero en materia de seguridad y aunque es válido querer desarticular las redes de corrupción que han impregnado cada estructura de México, sin embargo, mientras siga existiendo impunidad no lograremos reducir los índices de violencia y no sancionar a quienes vulneran a la sociedad es en sí misma una forma de corrupción. 

Contacto:

LinkedIn: Jimena Candano

 

*La autora estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de Maestría en Administración Pública, con enfoque en Desarrollo Comunitario y Transformación Social en la Universidad de Nueva York. Actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

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