Por Eric L. Olson*

Con los impactantes 120 políticos presuntamente asesinados en el periodo previo a las elecciones del 1 de julio en México, ¿qué significa esta violencia para el proceso electoral de México y, en última instancia, su democracia? Una mirada más profunda a este número ofrece varias perspectivas sobre el panorama criminal y de seguridad en México, y sugiere formas en que la política debería cambiar para abordar mejor el problema.

1) Con algunas excepciones, la mayoría de los asesinados han sido candidatos a cargos locales, como alcaldías o concejalías. Unos pocos eran candidatos para la legislatura estatal, y un caso que involucraba a un candidato para la legislatura federal (Cámara de Diputados) atrajo una atención generalizada; sin embargo, ese fue un caso atípico.

¿Qué nos dice esto? Confirma que gran parte de la violencia y la actividad criminal que sacude a México tiene que ver con el control de los mercados criminales locales, comúnmente conocidos como plazas. La violencia puede reflejar conflictos entre grupos criminales locales que compiten por el control de una plaza en particular. Luchan para extorsionar la actividad económica en un área particular y el derecho a cobrar “impuestos” sobre los productos ilícitos que pasan por un territorio.

En ocasiones, los funcionarios locales se convierten en víctimas de estos conflictos. Por ejemplo, un político puede haber llegado a un “acuerdo” con un grupo criminal local para garantizar la paz y, en el proceso, beneficiarse personalmente. Este mismo político puede convertirse en una víctima si hay un cambio en el liderazgo entre la organización criminal local y su participación deja de ser necesaria o no es de confianza; o, si un segundo grupo criminal busca impugnar el control de la “plaza” y el político local está demasiado vinculado al grupo criminal existente.

Por supuesto, el político o candidato local también podría tratar de ser honesto, rechazando cualquier acuerdo con grupos criminales, pero tales posturas son extremadamente riesgosas. La capacidad de un político local para protegerse es limitada, ya que tendría que depender de la protección de los funcionarios estatales o federales. En pocas palabras, hay demasiados casos similares en los casi 2,500 municipios de México que ni los funcionarios estatales ni los federales pueden proteger de manera confiable a todas las autoridades locales o ciudadanos que intentan enfrentarse a los grupos delictivos.

2) Las víctimas son de diferentes partidos políticos. No hay evidencia que sugiera que las víctimas sean objetivo únicamente por su afiliación partidaria o creencias políticas. Las víctimas representaban a todos los partidos políticos, desde  de MORENA, el partido de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hasta el PRI y la coalición de derecha-izquierda (PAN-PRD) y partidos más pequeños y escindidos.

Algunos han sugerido que los delincuentes favorecen al partido “izquierdista” de AMLO porque ha hablado de una amnistía para los pequeños agricultores, que cultivan cultivos ilícitos, y los traficantes de bajo nivel que mueven el producto. Pero MORENA también ha sufrido bajas, aunque menos, con 11 asesinatos políticos. Además, el partido que sufre el mayor número de víctimas es el actual partido gobernante del PRI, que ha experimentado 43 asesinatos. Durante sus seis años en la presidencia, el PRI se ha visto sacudido por numerosos escándalos de corrupción, especialmente a nivel local que involucra a ex gobernadores y actuales acusados ​​de estar afiliados a grupos criminales locales.

Simplemente no hay datos suficientes para sugerir que los grupos delictivos están favoreciendo a un partido político sobre el otro en todo el país. Como se sugirió, los conflictos criminales son principalmente sobre el control de los mercados locales y, como tales, no tienen mucho que ver con la ideología política. Más importante que la afiliación partidista es la relación que una víctima en particular tuvo o estaba tratando de establecer con organizaciones criminales locales.

3) 2017 fue el año más violento en la historia de México, y 2018 puede establecer otro récord. Cerca de 30,000 mexicanos fueron asesinados en 2017, con más de 100,000 muertos durante los casi seis años del actual gobierno de Enrique Peña Nieto. Mayo de 2018 fue el mes más mortífero de todos los tiempos. Los niveles elevados de violencia, inseguridad y la ineficacia del estado para abordar estos problemas están en el centro de las elecciones actuales. Los mexicanos están comprensiblemente desesperados por una solución y están cada vez más hartos de la incapacidad de los partidos políticos tradicionales para abordar estos problemas. El sorprendente aumento de las muertes entre los políticos locales se produce en el contexto más amplio de un aumento nacional de los homicidios. Esto no es para minimizar la importancia de las muertes entre los políticos, sino para ofrecer un contexto que la mayoría de los mexicanos ve a diario.

4) ¿Qué podemos inferir de los crecientes homicidios entre los políticos mexicanos? Estas muertes son una señal de advertencia fuerte, una bandera roja masiva ondeando a los mexicanos, y todos los que nos importa el país, que México se encuentra en la zona de peligro. Estas muertes reflejan la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Representa la lenta erosión persistente del control estatal y las instituciones locales que sofocan lentamente la democracia del país.

5) ¿Qué se puede hacer? Para México significa que debe reorientar sus estrategias y esfuerzos para reconstruir el control local del territorio y las instituciones. Esto significa más que simplemente desplegar un gran número de tropas militares para patrullar un área. Desplegar policías militares o federales puede desplazar a los criminales por un tiempo, pero no hace nada para reconstruir las instituciones locales de justicia y aplicación de la ley, o la confianza de la gente en sus autoridades. Hasta ahora, AMLO no ha articulado un plan o estrategia clara para recuperar el control del territorio local y reconstruir las instituciones democráticas de abajo hacia arriba.

Para Estados Unidos, significa expandir las prioridades para incluir apoyo a los esfuerzos de México para restablecer el control a nivel local. La tendencia es reducir los intereses de EU para detener el ingreso de drogas a nuestro país y luchar contra el crimen organizado transnacional (TCO). Pero la creciente violencia en México y la falta de instituciones locales que funcionen está erosionando la capacidad de México para establecer la seguridad en general y mantener el control de partes de su territorio nacional. Un enfoque estrecho en las TCO a expensas de la seguridad local dará como resultado un México cada vez más debilitado, donde las poblaciones locales tienen cada vez menos confianza en sus autoridades, y donde los grupos delictivos locales reemplazan al estado legítimo como garantes de la seguridad.

Éste es el escenario que los mexicanos y Estados Unidos deben evitar, y significa reorientar e invertir localmente en mejores policías, fiscales, jueces, gobierno transparente y responsable, y la prensa independiente, por nombrar algunos. También significa mejores oportunidades económicas, educación y acceso a la atención médica. Estas son responsabilidades mexicanas, pero Estados Unidos necesita estar dispuesto y ser capaz de apoyar esos esfuerzos.

*Eric L. Olson es Director Asociado del Programa América Latina y Asesor Senior del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center.

 

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