Con la intensidad con la que arrancó el año 2020 pasó inadvertida la noticia de que la Secretaría de Gobernación había solicitado al INE la base de datos biométricos de 90.1 millones de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, con el propósito de crear un sistema de identidad que incluya a 40 millones de menores de edad. 

Este proyecto, que se pretende poner en marcha en 2023, pone otra vez la atención en un mandato constitucional y legal que los gobiernos en turno no han logrado garantizar. La Ley General de Población vigente, publicada en 1974, refiere en sus artículos 97 y 98 que “El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado, a través de la Secretaría de Gobernación” y que “Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana…”.

Desde ese entonces los gobiernos en el poder han sido consistentemente incapaces en implementar una política pública en materia de registro poblacional y de acreditación de la identidad de las personas, incluidos a menores de edad e internos en centros de reclusión, así como de los extranjeros en territorio nacional.

Sabemos que la credencial para votar emitida ha hecho las veces de identificación oficial, sin embargo, el INE no es la única institución en tener registros poblacionales. La SRE, el IMSS, el ISSSTE lo hacen y algunas instituciones públicas como el SAT han sido pioneras en México en levantar registros biométricos de la población. Ello sin mencionar las instituciones privadas que compilan información biométrica de millones de mexicanos para poder hacer uso de los servicios bancarios o de telefonía celular, por ejemplo.

Lo que tenemos actualmente es una dispersión de datos personales e información biométrica en manos de instituciones públicas y privadas, duplicidad de registros o datos mal capturados. A este panorama hay que sumarle los menores que no tienen lo más elemental para certificar su identidad, como lo es el acta de nacimiento, y que el INEGI estima que seis de cada 10 personas sin registro de nacimiento son menores de edad. Al respecto, cabe decir que los gobiernos estatales comparten con el gobierno federal la responsabilidad de acreditar la identidad jurídica de las personas.

Esfuerzos relacionados a garantizar la identidad de las personas los hemos escuchado de gobiernos anteriores, con particular énfasis en el gobierno de Felipe Calderón cuando se lanzó el programa para crear el Registro Nacional de Menores y la emisión de la Cédula de Identidad Personal, y que fue cancelado durante la gestión de Peña Nieto. Hoy, la solicitud de la Segob para que el INE le transfiera la información de los ciudadanos inscritos en el Registro Federal de Electores revive viejas sospechas y dudas, aunque sin provocar hasta ahora, reacciones de otros partidos, si acaso la del líder parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, quien señaló que esto implicará un uso político de la información. Por su parte, la respuesta del INE es que no habrá entrega de la base de datos biométricos porque el padrón es para uso exclusivo de las elecciones y porque la generación de dos credenciales supone un gasto innecesario. 

Veremos cómo avanza esta discusión, si desde la Segob se logran vislumbrar alternativas técnica y operativamente viables y, lo más complejo quizá, que políticamente sean plausibles. Mientras tanto, los millones de personas que carecen de certeza jurídica para acreditar ese derecho básico, seguirán pagando las consecuencias de los fallidos intentos para generar una política pública de identidad de la población en México.

 

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