Una de las más grandes debilidades de los sistemas democráticos proviene del desprestigio de los políticos. Las historias de funcionarios públicos, de integrantes de partidos en casos de corrupción suelen abonar a la idea de que algo está podrido y que por ello se requieren de personajes salvadores y purificadores.
Es un tema por demás complejo, porque la política necesita de dinero para funcionar y más aún en los aspectos que tienen que ver con la disputa del poder en condiciones equitativas y democráticas.
En México hemos privilegiado, desde que inició el proceso de transición a la democracia, el financiamiento público de los partidos. Las aportaciones privadas están permitidas, pero sujetas a rangos con los que no pueden inclinar la balanza de los presupuestos de las instituciones partidistas.
Esto se hizo así, precisamente para evitar injerencias nocivas, como las de grupos de interés, los propios gobiernos y organizaciones criminales.
El INE cuenta con áreas de fiscalización especializadas y mantiene a raya a los partidos en dos aspectos: la utilización que hacen de los recursos públicos y el ingreso de aportaciones privadas.
En procesos electorales esto cobra todavía más importancia, porque entre las causales de la anulación de una contienda se encuentra el rebase de los topes de campaña y a ello se suma la contratación de cobertura informativa en radio y televisión y la utilización de recursos de procedencia ilícita.
Es un trabajo extenuante de la autoridad electoral, porque los partidos suelen ser bastante poco transparentes y recaudan aportaciones que tratan de ocultar para obtener alguna ventaja.
Es lo que ocurre con la denuncia que presentó Emilio Lozoya, donde el testigo colaborador de la FGR, refiere que la empresa Odeberecht otorgó recursos que fueron utilizados en 2012 para pagar a consultores que ayudaron en la campaña de Enrique Peña Nieto.
Si bien el delito electoral está prescrito, y lo que dice Lozoya hay que tomarlo con las reservas del caso, no deja de ser inquietante el conocer el funcionamiento de una maquinaria corrupta que tenía el propósito de comparar voluntades para luego exigir contratos.
Algo similar es lo que se observa en los videos en los que aparece Pio López Obrador, el hermano del presidente, recibiendo sobres de dinero “para apoyar el movimiento”.
Ante estas situaciones lo que se debe privilegiar es la indagación de las áreas responsables (el INE y la FGR) y en su momento, si proceden, la aplicación de las sanciones respectivas. Lo que es un error, es sumergirse en una guerra de lodo que dará incentivos a grupos y proyectos nada democráticos. El deber de los políticos es salvaguardar el prestigio de la democracia, colocando a cada pillo en el lugar que se merece.
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