El procurador de Estados Unidos, William Barr es un viejo conocido de México y no por los mejores motivos. En el pasado, le tocó indagar sobre un caso criminal que tensó las relaciones bilaterales al grado del rompimiento: El asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en febrero de 1985. 

Barr siempre estuvo convencido de que la escala de los implicados en el secuestro y posteriormente en la muerte por tortura de Camarena, llegaba a los círculos más altos del poder político en nuestro país. Aquello nunca se probó, pero la confianza se desmoronó y solo sería reparada, años después y no sin dificultades, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Ahora, otro asunto criminal conmovió a la sociedad estadounidense y desató las señales de alarma en el gobierno de Donald Trump: la muerte, a balazos disparados por narcotraficantes,  de nueve integrantes de la familia LeBarón, siete niños y tres mujeres, en un camino desolado en Sonora. 

Trump aprovechó la circunstancia para anunciar que los cárteles de las drogas mexicanos podían ser calificados como terroristas, lo que significaría la posibilidad de utilizar herramientas, para su combate, que en este momento impide la ley. 

  El presidente de EU está elevando el precio de la tranquilidad para la administración de Andrés Manuel López Obrador, y dejando claro que la agenda de seguridad no solo se refiere a la migración, sino también a las condiciones de tranquilidad en la frontera sur. 

Por lo pronto, y después de la reunión del procurador Barr con el titular del poder ejecutivo mexicano, Trump accedió a posponer la inclusión de los cárteles de las drogas mexicanos en un listado que está integrado por el Estado Islámico y Al-qeda, entre otras organizaciones calificadas como terroristas.  

Por el momento no hay una idea muy clara de lo que se acordó con Barr, pero es poco probable que haya regresado con las manos vacías a Washington.

Lo evidente es que las autoridades mexicanas se encuentran  en una especie de laberinto del que será caro salir.

En el fondo esto iba a ocurrir tarde o temprano, porque las agencias de seguridad de EU no ven con buenos ojos lo que está ocurriendo, donde los grandes grupos de bandidos se han fortalecido y en un contexto, señalado públicamente por el propio gobierno mexicano, donde no es prioridad el combatirlos.

A ello hay que sumar que la ratificación del T-MEC se está complicando y se van aumentado exigencias para que los Demócratas lo apoyen y en un momento donde el propio presidente Trump está apunto de enfrentar un juicio de destitución. 

En seguridad nunca hay buenos tiempos, pero sí existen periodos que son peores y este es uno de ellos, porque a la elevada incidencia criminal, hay que sumarle el factor internacional y su lógica política.

De algún modo, vuelve el fantasma de Kiki Camarena y se despiertan todas las suspicacias sobre la capacidad de México para enfrentar, sin ayuda, una verdadera emergencia por las oleadas de homicidios.

 Se requerirá de audacia, para salir del enredo, pero esta no funciona sin resultados y estos, por lo pronto, no están a la vista.

 

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