De los 10 criminales más buscados por la DEA, siete son mexicanos y el denominador común es el fentanilo. Los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán son objetivos prioritarios.
Por Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán se ofrecen 10 millones de dólares para quien proporcione información que lleve a su captura.
Parece historia vieja, pero no lo es. El gobierno de Estados Unidos está apretando a los dos cárteles más poderosos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, porque también se hacen esfuerzos para atrapar a Nemesio Oseguera “El Mencho”.
En los hechos, las búsquedas de fugitivos están relacionadas con el anuncio que hizo el Departamento de Justicia sobre la estructura de las organizaciones criminales trasnacionales y por ello se incluye a los responsables de los laboratorios de fentanilo, Omar Félix Gutiérrez y Silvano Francisco Mariano, al que se añade Liborio Núñez Aguirre, quien trafica y vende droga ya en ciudades de Estados Unidos.
Es decir, la DEA quiere dejar muy claro que la prioridad es desmontar toda la estructura del negocio y ya no solo concentrase en las áreas de mando y en las que generan mayor violencia.
Más allá de las fichas policiales y sus recompensas, la insistencia en los anuncios sobre los bandidos en territorio nacional indica que las presiones sobre el trabajo que se hace en la FGR, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, serán una constante en los próximos meses o años.
Un dato adicional es que también insisten en que Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán sean extraditados para ser juzgados en cortes de Estados Unidos.
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El anuncio de la actualización del listado tiene una derivación política que no hay que menospreciar, porque ocurre luego de las críticas que el gobierno de México ha hecho sobre la infiltración que logró la DEA en el grupo de Los Chapitos.
Es un tema que tiene diversos flecos, pero donde uno de sus pliegues más amplios es el que se relaciona con la desconfianza que aún persiste entre ambas administraciones y donde ya opera una reglamentación que sujeta a los agentes extranjeros a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de sus actividades en territorio nacional.
Si bien la DEA accedió a informantes desde 2008, en las áreas de seguridad mexicanas se consideró una descortesía no haber compartido la información, pero en Washington no parecen dispuestos a proporcionar datos que pongan en riesgo a sus policías.
Es evidente que la relación está dañada y que esa situación puede ser utilizada por actores con intereses diversos, los que se podrían ya englobar en el horizonte de las elecciones en ambos países en el 2024.
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