El pasado 12 de septiembre de 2019, Ricardo Monreal, senador por Morena, formalizó una iniciativa de ley que pretende cobrar impuestos a plataformas digitales que ofrezcan sus productos y servicios en México. En términos generales, la propuesta podría cobrar IVA e ISR sobre las ganancias que las plataformas generan en el país .
La propuesta que fue incluida en el paquete fiscal 2020, implica aplicar tasas que varían desde el 2% hasta el 17% dependiendo de la naturaleza de la plataforma, ya sea transporte de personas, de mercancías, de reproducción audiovisual, de venta de inmuebles, entre otras.
En concreto, las propuestas son:
– Registrarse en un padrón ex profeso.
– Cobrar IVA en sus servicios.
– Proveer información al SAT sobre operaciones y usuarios.
– Calcular y retener el IVA en sus operaciones mensuales.
– Proporcionar recibos con impuestos desglosados.
– Tener un representante ante Hacienda.
(Puedes ver la lista detallada aquí.)Ello significa que empresas como Uber, AirBnB, Spotify, Google, Facebook y más, tengan que tributar en México y no sólo en sus países de origen , a pesar de que las ganancias se obtienen por las operaciones dentro del país, pero sin una regulación que las contemple y mucho menos que las obligue a tributar.
Las razones por las cuáles el Senado desea regular a las plataformas son varias, pero en el discurso oficial se alude a la necesidad de crear condiciones de equidad en el mercado nacional y retribuir a la nación lo que las plataformas, todas de origen extranjero, han obtenido del trabajo de mexicanos.
Posterior a una serie de reuniones y cabildeos con los legisladores, las plataformas decidieron fijar una postura al respecto del cobro de impuestos, acompañados por la Asociación Latinoamericana de Internet y la Red en la defensa de los derechos digitales (R3D) , resaltando esta última sobre todo porque ha sido una de las organizaciones de la sociedad civil que más ha criticado a las empresas digitales y sus políticas de tratamiento de datos personales, pero que en esta ocasión se opone a las sanciones que podría imponer el gobierno a las empresas.
Si bien las plataformas explican que no se niegan a pagar impuestos, alegan que el tiempo que los legisladores darán para aplicar las medidas necesarias es muy corto (se publicarán en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2020 y entrarán en vigor en abril de ese mismo año); además, mencionan que el pago de impuestos aumentará los costos de los servicios y que los datos fiscales de los usuarios que tendrán que entregar son excesivos.
Lo que parece una discusión entre empresas y el poder legislativo, en realidad tiene un carácter mucho más profundo, puesto que sus alcances tienen que ver con la forma en la que el Estado intenta regular a empresas supranacionales actualizando leyes sin tener un pleno conocimiento del entorno digital.
Sin embargo, lo más importante, es que más allá del forcejeo que gobierno y empresas digitales tienen, en la conformación de las leyes no se ha tomado en cuenta a la población, ni el impacto que tendrá en la democratización e inclusión de las tecnologías de información y comunicación.
Por otra parte, las plataformas digitales que operan en México no están de acuerdo con la forma en la que el Estado pretende hacer una recaudación, ya que la sanción por no empadronarse o entregar los datos fiscales de los usuarios consiste en un “apagón” tecnológico, es decir, en la prohibición de la plataforma para operar en el país en tanto no cumpla con lo que es requerido.
Los requerimientos no son menores, se trata, entre otras cosas de proporcionar los datos fiscales de los usuarios que utilizan las plataformas para captar más contribuyentes y evitar la evasión fiscal. La posible consecuencia es que las personas paulatinamente abandonen las plataformas debido a la carga fiscal y decidan irse al mercado informal.
Ya sean los argumentos del Estado o ya los de las plataformas, en ninguno se ha contemplado el impacto en la sociedad civil, ni tampoco se convocado a su participación en la construcción de las leyes, ni su opinión se ha considerado. Tal parece que este es un diálogo en que los actores principales negociarán hasta que punto están dispuestos a ceder en sus prebendas, pero sin considerar a la población.
Hasta el momento no queda claro quién va a representar a la ciudadanía, qué derechos tendrán los ciudadanos y tampoco qué instancias serán las encargadas, en todo caso, de proteger y velar por los intereses de los habitantes.
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Es profesor en la FES Aragón y en la Universidad Iberoamericana; adicto a las redes sociales. Maestro en Comunicación y estudioso de Internet. Presume de tener siempre la respuesta correcta.
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