Durante estas semanas, hemos presenciado un manejo errático de la pandemia en el caso de México. Mientras que la administración federal mantiene la idea de una conducción basada en la opinión de expertos y mejor que lo que se ha hecho en otros países, la realidad demuestra todos los días que no es así, al mismo tiempo que se ha venido ocultando o interpretando la información disponible de manera poco clara y coherente, pues cada semana se aplaza una semana más el pico de contagios y, en consecuencia, la reapertura de actividades económicas.
Ante la idea de que “íbamos muy bien”, la pandemia apareció para detener las actividades cotidianas, pero también para exhibir la improvisación de los distintos órdenes de gobierno en el país, que no estaban, y siguen no estando, preparados para afrontar una crisis como la actual, ni sus consecuencias de manera eficiente. Sin embargo, esa falta de respuesta se liga a varios aspectos, por un lado, a la centralización que se dio del sistema de salud con la desaparición del seguro popular y los convenios que dan sentido al nuevo INSABI, pero también a que el presidente López Obrador ha buscado controlar hasta el detalle más mínimo de las decisiones, pero ha soltado aquellos aspectos que pueden dañar su imagen.
Dejar el manejo de la emergencia en una sola persona y su equipo, a quien el mismo presidente al inicio no parecía tomar muy en serio, es reflejo de la debilidad no únicamente del esquema institucional dentro del ejecutivo, sino de sus contrapartes en el legislativo y el judicial, para convertirse en sombras que presionaran a la administración a mejorar sus resultados. Qué decir de la oposición, que no logra incluso articular una posición común en torno a la pandemia y el manejo que la administración ha hecho de ella, no digamos plantear alternativas de solución a la emergencia.
En una democracia, las decisiones de gobierno están vinculadas a la decisión de las y los electores el día de las elecciones, por lo que quienes ocupan espacios de decisión, lo hacen pensando normalmente en las siguientes elecciones, por lo que ven a las personas como votantes y no necesariamente como ciudadanas o ciudadanos. Más aún, cuando la administración busca reforzar redes clientelares que le garanticen apoyo político en el futuro, dando dinero a cambio de ello, incluso institucionalizando las dádivas.
En este caso es claro, que se piensa en términos de las siguientes elecciones dejando a un lado posibles alternativas con costos políticos más altos, pero con menores costos a las y los gobernados, quienes tendrán que regresar a reanudar actividades en un contexto de necesidad, pero fundamentalmente de incertidumbre ante la debilidad del sistema de salud. Es por ello que aunque ninguna curva se ve realmente plana, la idea de que “se ha aplanado” comienza a permear como justificación de una necesaria reanudación de actividades, pues de otra manera el costo económico será catastrófico para el presidente y su partido, más aún cuando las siguientes elecciones se darán en la debacle económica, que se pronostica puede alcanzar el 10% del PIB.
Más allá de los límites a la libertad de prensa que se han planteado en los últimos meses, así como el activismo constante del presidente y su equipo, junto con los esfuerzos centralizadores, entre otras cosas, que encendieron la alerta entre las y los analistas, sobre un creciente autoritarismo, el peligro real recae en la debilidad de nuestro esquema democrático, mismo que tiene que ser repensado pronto.
Una cosa es sortear los excesos autoritarios en un contexto democrático y otra es que la debilidad institucional haya generado una condición donde quienes representan a la ciudadanía, no hayan tenido los mecanismos y las herramientas, para generar una alternativa de solución a una crisis, como la generada por la pandemia que vivimos, lo que muestra un fracaso de nuestra democracia.
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