Hace unos días comentamos (Ley de Ingresos 2017: pésimas señales), que lo preocupante de que la Cámara de Diputados hubiese expandido en el papel los ingresos públicos en más de 51 mil millones de pesos (mdp), era que exhibía el espíritu derrochador del gobierno, avalado incluso por la mayoría de la “oposición”.

Pues bien, en el Senado se perdió cualquier esperanza de corregirle la plana a su colegisladora.

A pesar de que un día antes el senador Miguel Barbosa, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, dijo que ese aumento imaginario -producto de elevar el estimado del tipo de cambio, la producción petrolera de Pemex y los ingresos tributarios y no tributarios- era una “ocurrencia” de los diputados, terminó votando el miércoles a favor de todos los dictámenes presentados por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.

Miguel Barbosa es un botón de muestra de lo dócil que puede volverse la oposición, por supuesto, siempre a cambio de algo. Se le olvidó a ese líder “opositor” que unas horas antes sostuvo que era más responsable no moverle nada al Paquete Económico que había enviado la Secretaría de Hacienda.

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Y es que los partidos se pelearán por la distribución del gasto, pero todos coinciden en una cosa: quieren siempre llevar más recursos públicos a su “molino”.

Igual de decepcionantes fueron las palabras del secretario José Antonio Meade, quien celebró la aprobación con cambios de la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal por ambas cámaras del Congreso.

Meade insiste en que se actualizaron los estimados de ingresos tributarios conforme al consenso del mercado (que siempre es cambiante), y que por primera vez se logrará un superávit primario –que no es lo mismo que uno fiscal-, como se ha prometido.

Sin embargo, podemos apostar a que no será así.

El “superávit” planteado es de poco más de casi 74 mil mdp, pero como reveló Samuel García en su columna de El Universal del viernes pasado –al comentar la tesina “Presupuesto de Egresos ficticio: El gasto real del gobierno en la Cuenta Pública”, de Leonardo Núñez González, alumno del CIDE-, el gobierno entre 2000 y 2015 se ha gastado 3.2 billones de pesos más que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Eso nos da un promedio de exceso de gasto respecto a lo aprobado por el Legislativo, de 200 mil millones de pesos en cada ejercicio fiscal.

García destaca que las diferencias entre lo autorizado en el PEF y el gasto ejercido en la Cuenta Pública, pueden llegar al 15% del gasto total en un año. Un desastre que revela (no es nuevo) que en México la aplicación de la ley es opcional y sin consecuencias graves para quien la viole, sobre todo, si quien lo hace es la propia autoridad.

La discrecionalidad arriba aludida en el ejercicio del gasto pues, anticipa que, a pesar de los discursos, no habrá tal superávit primario, ni la contención del crecimiento de la deuda como porcentaje del PIB.

Como aquí también hemos advertido en reiteradas ocasiones (Inercias, calificación soberana de México en riesgo), la actual calificación crediticia de México es secundaria si se revisa lo que está pasando tras bambalinas. Además, las calificadoras suelen actuar demasiado tarde.

A unos días de la elección presidencial estadounidense -sobre la que no tenemos ningún tipo de influencia ni sobre otros factores económicos externos adversos-, insistimos en que lo que sí estamos obligados a corregir en el país, como el desorden de nuestras finanzas públicas, no se está haciendo.

El precio a pagar está por verse, pero que no se piense que será un “pecado” sin castigo.

 

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