El gobierno no parece estar cumpliendo su misión de promover y difundir la cultura por medio de la lectura, en especial entre las personas con menos ingresos.

 

 

La cultura en México es, desde tiempos de la Revolución, un monopolio de la administración pública. Motivado por hacer accesible la cultura a todas las personas, el gobierno de México es el encargado de gestionar y administrar buena parte de las bibliotecas, museos y, por supuesto, la producción editorial del país. En el siglo XIX la educación y la cultura sólo eran accesibles a personas de clase media y alta. ¿Cómo funciona esta idea en nuestro tiempo?

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Recientemente se cumplió el 80 aniversario del Fondo de Cultura Económica (FCE), la editorial más importante de México y una de las más importantes de Iberoamérica, fundada en 1934 por Daniel Cosío Villegas, con la idea de proveer bibliografía en español en la antigua Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Posteriormente la labor editorial del FCE abarcaría otros ámbitos, desde literatura infantil hasta divulgación científica.

El FCE se vio involucrado en una controversia en la celebración de su 80 aniversario, en que Leo Zuckermann cuestionaba: “¿El Estado debería subsidiar la edición, producción, distribución y venta de libros que sólo lee una pequeña minoría que pertenece sobre todo a la clase media?” La pregunta, aunque es ridícula, es válido hacerla y muchos periodistas se sumaron a un debate abierto y poco cordial al respecto.

Una de las voces más moderadas fue la de Rafael Pérez Gay, quien escribía al respecto: “no creo que el Estado deba abandonar la edición de libros, pero considero un error que se proponga como múltiple casa editora con los dineros públicos. El fracaso ha sido rotundo: el consumo no aumenta, la distribución es inexistente; en consecuencia, los lectores brillan por su ausencia y la industria editorial vive en un estado de desnutrición grave”.

El punto es que el gobierno no parece estar cumpliendo con su misión de promover y difundir la cultura por medio de la lectura, especialmente entre las personas con menos ingresos. Pérez Gay abunda diciendo: “el Estado ha confundido fomento a la lectura con gasto en producción. ¿El resultado?: dinero tirado a la basura, funcionarios ineficientes, burocracia a pasto, ausencia vergonzosa de distribución y libros embodegados”.

En el ámbito de las publicaciones digitales pasa algo parecido: el FCE tiene un acervo amplio de libros digitales que distribuye con protecciones anticopia DRM de Adobe, algo que no fomenta ni la lectura ni la portabilidad. El gobierno mexicano también ha producido apps literarias con resultados cuestionables, pero ése es un tema para otro día.

Para promover la lectura no se necesitan más libros, sino mejores libros,y el gobierno debería comprenderlo, especialmente cuando su labor es ser difusor y promotor de la cultura que se crea en el país. Actualmente, parte de esa misión incluye entender cabalmente cómo funcionan los espacios y productos digitales de lectura, y usarlos en beneficio de los ciudadanos. Cualquier otra postura hará que el esfuerzo siga siendo insuficiente y fútil.

 

 

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