El yacimiento Zama es el octavo descubrimiento petrolero más importante del país, derivado de la reforma energética. Hoy la empresa privada Talos Energy discute con la petrolera estatal Pemex quién será el encargado de explotarlo.

Tras ganar el campo en la primera ronda petrolera organizada por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, la compañía estadounidense funge desde septiembre de 2015 como operadora del hallazgo y tiene por socios a la mexicana Sierra Oil & Gas (hoy parte de Wintershall DEA) y la británica Premier Oil.

Con recursos prospectivos en el orden de 400 a 800 millones de barriles de crudo equivalente mediante la perforación de tres pozos, la producción diaria del yacimiento en aguas superficiales de Tabasco se estimó en niveles superiores a los 150,000 barriles diarios. Talos solicitó el mes pasado un periodo adicional de dos años de exploración a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Hasta junio de 2019, la empresa estadounidense desembolsó un total de 164 millones de dólares (mdd). De acuerdo con la CNH, dichos recursos se destinaron a actividades de exploración para delimitar el megayacimiento.

Por su parte, Pemex planeó inversiones en la asignación por 122 mdd, pero solo ejecutó 11 mdd entre 2015 y 2019, según las cifras disponibles del regulador energético.

La polémica sobre este campo comenzó cuando el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador dijo que revisaría todos los contratos petroleros entregados por la administración priista. La secretaria de energía propuesta, Rocío Nahle, manifestó que comenzarían por el contrato de Talos Energy, el pasado 18 de septiembre de 2018.

Dos días después, la empresa estatal mexicana anunció un acuerdo preliminar de unificación sobre la asignación Amoca Yache-o3 y el bloque 07 del consorcio encabezado por la firma estadounidense, cuyas coordenadas se ubican en las cuencas del sureste del Golfo de México.

La negociación regresó al escrutinio público luego de que Reuters informó que Pemex intentaba convertirse en el operador del campo, el pasado 30 de septiembre.

Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos consideró como un “acontecimiento perturbador” la posibilidad de que Pemex quite la operación del bloque a Talos, según el periódico Reforma. El presidente López Obrador replicó que su gobierno está respetando todos los contratos licitados y pidió respeto a las autoridades estadounidenses por la soberanía mexicana. “Nosotros no cometemos ninguna arbitrariedad”, agregó durante su conferencia de prensa matituina, el pasado jueves 3 de octubre.

Forbes México buscó a Pemex para consultarlo sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.

 

Unificación, en tiempo

Con una vigencia de dos años, el acuerdo de unificación permite a ambas partes compartir información relativa a Zama para evaluar su posible extensión a la asignación de Pemex y definir la operación y porcentaje de participación.

“De igual manera, establece un procedimiento claro a seguir para la firma del acuerdo de unificación y el acuerdo de operación conjunta del área unificada en caso de que se confirme la existencia de un yacimiento compartido, definiendo un proceso consistente con las prácticas internacionales de la industria para determinar el porcentaje de participación de cada parte en el potencial desarrollo”, mencionó la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza en un comunicado, ,el 20 de septiembre de 2018.

El 7 de agosto de este año, Talos informó a sus inversionistas que las discusiones con Pemex sobre la unificación siguen su curso, y tiene como objetivo alcanzar una decisión de inversión final en 2020, año en el que vence el plazo del acuerdo preliminar.

Pemex tiene pendiente un pozo exploratorio en su asignación para dimensionar el tamaño del yacimiento en la parte que corresponde a su bloque. Una vez que tenga la información necesaria y presente la información para alcanzar un acuerdo con Talos, ambos detallarán el plan con los porcentajes de participación a la Secretaría de Energía (Sener) y Hacienda. Luego llegará a la CNH en forma de un plan de desarrollo con el futuro operador petrolero.

En caso de que ambas petroleras no alcanzaran un acuerdo, la legislación establece que sea la Secretaría de Energía (Sener) la que decida quién será el operador del bloque. En este punto es donde el proceso se complica.

 

Juez y parte

El conflicto puede escalar con el hecho de que el titular de Sener, en este caso Nahle, es presidente del consejo de administración de Pemex, y provocar un conflicto de interés a favor de la petrolera estatal.

“La Secretaría es juez y parte. Eso quedó chueco en la reforma energética. Ahora es la prueba de fuego”, declaró el CEO de la consultora energética, Talanza Energy, Marco Cota.

El gobierno dijo que no ha amenazado a ninguna empresa y la Sener tampoco intervenido en el caso porque para hacerlo, las dos empresas tienen que tienen que hacer la solicitud a la CNH y Sener. “Estamos dándoles a ellos el tiempo”, dijo Nahle en una entrevista radiofónica el viernes pasado.

Pemex tiene recursos limitados y más de 20 campos prioritarios que están en proceso de desarrollo para elevar la producción nacional de 1.6 millones de barriles diarios actuales a 2.5 millones al final de sexenio de López Obrador.

Para Cota, es innecesario que Pemex lo opere, pues si la geología define que la empresa productiva del Estado tiene un porcentaje mayoritario o minoritario, para efectos de barriles es intrascendente, pues al final recibirá su parte.

“Si se negocia bien, y hay un buen acuerdo, el gobierno debe hacer un esfuerzo extra por transparentarlo, porque siembre va a quedar la duda”, agregó.

 

 

 

 

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