De acuerdo con una compañía especializada en valuación de empresas, los criterios del regulador determinan el Valor Mínimo de Referencia hasta cinco veces por debajo de lo que valen otras televisoras.

 

El modelo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) utilizó para determinar el Valor Mínimo de Referencia (VMR) para la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión estarían por debajo del valor de las dos principales televisoras en el país, esto de acuerdo con un análisis de B Value consulting.

La firma especializada en valuación de empresas afirma que este modelo “podría estar subestimando la inversión inicial que un probable competidor debería hacer” y no reflejan las circunstancias actuales del mercado de radiodifusión.

El pasado 15 de abril, el IFT hizo público que determinó VMR para las dos cadenas de televisión que se pondrán en licitación, fijando el precio por ambas en 1,660 millones de pesos (mdp). En ese momento, analistas consideraron que se fijó ese precio para atraer la mayor cantidad de interesados posible para la licitación.

Para la fijación de este modelo, el IFT tuvo la opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

B Value considera que, basado en los informes financieros de las dos principales televisoras del país, las concesiones de Televisa tienen un valor de 3,655 mdp al 31 de diciembre de 2012, mientras que el de TV Azteca corresponde a 6,562 mdp de las dos cadenas nacionales 7 y 13, con 89 y 90 canales, respectivamente, cinco veces superior al VMR estimado por el IFT.

La firma indicó que aunque el IFT encontró referencias internacionales en precios por encima de los que utilizó la SHCP, ésta consideró que ninguna era idónea para determinar el Valor Mínimo de Referencia.

Los interesados en la licitación de las dos cadenas nacionales, en las que no podrán concursar Televisa ni TV Azteca, deberán igualar o superar el VMR.

La licitación de las cadenas está compuesta por cuatro etapas: la resolución de dudas por parte de los participantes y entrega de documentos del IFT; dictaminación y constancias de participación; la evaluación de las ofertas económicas; y el fallo y entrega de títulos de concesión.

Se prevé que este proceso concluya hasta 2015.

 

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