Por Vidal Llerenas*

El incremento del precio de las gasolinas desató no solamente un enorme descontento popular, sino también un debate sobre lo que debemos hacer con la producción, importación y gravamen de ese combustible. Desde hace varios años y especialmente a raíz de la reforma energética, la estrategia del gobierno fue no incrementar e incluso disminuir la capacidad de Pemex para refinar gasolina. El argumento es que se trata de una actividad de baja rentabilidad.

La idea es también que los privados sean lo que inviertan en la infraestructura de distribución y que en realidad se encarguen de la misma. Para lograr ese objetivo se liberaron los precios al público de las gasolinas y se estableció un impuesto especial al precio. El impuesto compensaría los menores ingresos de Pemex y los precios reflejarían los costos de transporte y serían lo suficientemente altos como para generar la rentabilidad necesaria para asegurar las inversiones de los privados en distribución. Todo esto suena muy bien en el papel, el problema es que se ha precipitado el proceso de liberalización y no se consideraron los efectos negativos como los mayores costos que van a enfrentar las comunidades más alejadas y otros como las presiones cambiarías que implica el importar el 60% de las gasolinas. Como la liberalización se juntó con la devaluación, el incremento del precio del petróleo y el impuesto especial, pues el precio se duplicó en los primeros años de este gobierno y, por tanto, generó un rechazo popular no visto en décadas.

Lo que hoy tenemos es una muy baja capacidad de almacenamiento. Bastó un día de mal clima en Tuxpan para generar desabasto, lo cual fue en buena medida resultado de haber dejado de invertir por años.

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Los consumidores enfrentan cada vez mayores precios, pero la respuesta oficial es que aguantemos, que esto será bueno en el futuro. Pero existen muchas dudas. Las más evidentes es si fue pertinente acelerar el proceso de liberación, que estaba programado para el 2018, cuando en los propios análisis de la autoridad de competencia se señala que no existen las condiciones de mercado necesarias.

Todo indica que la autoridad reguladora no cuenta con las herramientas para asegurar el abasto, evitar el incremento de precios injustificados en algunas regiones, generar las inversiones en almacenamiento y transporte necesarias e incluso verificar la calidad de la gasolina importada. Todo indica, además, que buena parte de la estrategia para crear el nuevo mercado de gasolinas implica utilizar, sin el pago correspondiente, la infraestructura de Pemex.

Otra idea de la reforma energética es que México no tendría que refinar gasolinas. Se argumenta que hay muchas en Estados Unidos y que Pemex tendría que destinar sus recursos a otras actividades. Sin embargo, en no pocas naciones productoras de petróleo en realidad promueven u obligan a refinar el petróleo antes de exportarlo. En nuestro caso, como las importaciones de gasolina son masivas, ya que alcanzan al 60% de lo que consumimos, eso genera que las importaciones totales del país sean mayores a las exportaciones, a pesar de la caída del peso. Es decir, nuestras importaciones de gasolina se incrementan, aunque el dólar sea cada más caro, porque se deja de invertir en las refinerías actuales y no existen políticas para que se construyan nuevas. La demanda total de gasolina tampoco disminuye, a pesar del mayor precio, porque la población que utiliza autos crece y porque los impuestos a la gasolina no se invierten en transporte público o en la infraestructura de autos que usan tecnologías alternativas.

No parece ser razonable que un país renuncie al empleo y la demanda interna que generaría transformar el petróleo en el país. Se trata de una actividad industrial de principios de siglo pasado, es decir sin mayores requerimientos tecnológicos, que perfectamente debería poder desarrollarse en un país industrializado como México. Se podría, por ejemplo, realizar las inversiones necesarias para que las refinerías de Pemex operen al máximo de su capacidad o condicionar la posibilidad de comercializar gasolina en México a los privados que refinen en México.

Parecería que, en el nombre de crear mercados, algo muy complejo, los reguladores en realidad pierden de vista que su verdadero trabajo es promover el interés público. La verdad es que por décadas Pemex fue capaz de distribuir gasolinas de manera más o menos eficiente en el país, el desabasto nunca fue un problema y por años México fue un país con una industria petroquímica sólida. Se suponía que la reforma energética serviría básicamente para generar inversión y hacer posible la extracción de petróleo en yacimientos muy difíciles de explotar por los requerimientos de inversión y tecnología, como los de mar profundo. Lo que sucedió fue que la inversión ahora se concreta en actividades lucrativas en el corto plazo y gracias a que todo el esfuerzo del estado está en asegurar a los privados altos márgenes de operación.

Ahora, en el peor momento, tenemos un país más vulnerable desde el punto de vista energético. Además, como la salud de las finanzas públicas también se puso en riesgo, la población tiene que pagar altos impuestos a las gasolinas, que, como todo impuesto al consumo, son recesivos. Todo lo que ha sucedido nos obliga a repensar nuestras políticas energéticas. Es evidente que adelantar la liberalización del precio de los combustibles no fue buena idea, tampoco renunciar a la transformación de petróleo como industria local, ni apostar a los altos rendimientos del mercado privado de gasolina para financiar la infraestructura de distribución. El mercado es una buena idea, pero solamente cuando existen las condiciones para que funcione.

*Vidal Llerenas es diputado federal, integrante de las comisiones de Economía, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIII Legislatura.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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