Los préstamos por aplicaciones digitales pueden representar en México un mercado de ganancias millonarias basadas en estrategias delictivas.

La carencia de una educación financiera ha llevado las personas a adquirir créditos en aplicaciones digitales que no están reguladas y operan con esquemas similares a los traídos a México hace unos cinco años por grupos delictivos colombianos, y que entonces se conocieron como “gota a gota”. 

La confianza, que llega en algunos casos a niveles de ingenuidad, de las y los usuarios está fundada en la esperanza por resolver un problema financiero de manera fácil e inmediata.

Esa necesidad es explotada por los prestamistas, primero, para presentarse —regularmente en publicidad en redes sociales— como una solución económica, y después, para imponer condiciones que vuelven impagables las deudas. 

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La falta de posibilidades para acceder a canales crediticios institucionales orilla a las víctimas a creer en la oferta de préstamos sin aval, sin papeleo, sin revisión de buró de crédito y con respuesta y transferencia del dinero en menos de 24 horas.

Los métodos de cobranza se convierten entonces en una confluencia de conductas delictivas como el doxing, ciberacoso, extorsión, amenazas o sextorsión, entre las más visibles. 

El Consejo Ciudadano cuenta con más de 7 mil 400 casos —de junio de 2021 y lo que va de este año— por esa modalidad conocida ahora como “montadeudas”, en los que se han reportado préstamos superiores a los 250 mil.

Una estimación promedio realizada desde el organismo, y basada en los montos expresados por las víctimas, indica que las deudas representarían en el último año ganancias superiores a los 21 millones de pesos para quienes operan desde esas aplicaciones.

Es una proyección bastante conservadora si se considera el temor o la vergüenza que representa para las y los afectados la revelación de haber caído en el engaño, y que inhiben la probabilidad de denunciar y por tanto de conocer la dimensión del problema. 

En ese periodo se han acumulado señalamientos contra casi 130 apps, sin que representen la totalidad de un mercado carente de registros sobre estos negocios.

Actualmente, en México, otorgar créditos no es un delito y lo puede realizar cualquier persona o empresa sin ser necesariamente una institución financiera. Bajo ese modelo funcionan las apps que, en la mayoría de los casos, llevan en su nombre la palabra “cash”.

Reportar —a la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533, del Consejo Ciudadano— y denunciar los métodos ilegales de cobranza permite a las autoridades investigar y, consecuentemente, llegar a la detención de responsables.

Así se podrá conocer los alcances y afectaciones de actividades de aparente legalidad, pero con un modus operandi delictivo.

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Contacto:

Salvador Guerrero Chiprés es Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

TW: @guerrerochipres

www.consejociudadanomx.org

Twitter: @elconsejomx

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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