Tanto en el mandato de Felipe Calderón como del todavía presidente Peña Nieto se ensayaron distintos enfoques para combatir la corrupción en México: desde el Programa Nacional Anticorrupción planteado en 2008 hasta la propuesta inicialmente planteada por Peña Nieto en 2012, de crear una Comisión Nacional Anticorrupción como un órgano colegiado autónomo y desaparecer a la Secretaría de la Función Pública.

Durante ambos mandatos, estos enfoques contra la corrupción e impunidad se reflejaron en algunas leyes e iniciativas de reforma. Sin embargo, a diferencia del sexenio de su antecesor, en el del presidente Peña Nieto la discusión anticorrupción estuvo acompañada por una singular combinación de factores: la presión de organizaciones civiles y académicos especializados en el tema, una enorme visibilidad mediática a ciertos casos de corrupción, indignación creciente en la opinión pública y, particularmente, el papel ejercido por determinados grupos empresariales.

Finalmente, el 27 de mayo de 2015 fueron publicadas las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción. La visión anticorrupción por la que optó el Legislativo no fue la de crear un órgano con autonomía constitucional sino lo contrario, es decir, generar un mecanismo o instancia de coordinación entre distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El Sistema Nacional Anticorrupción funciona hace más de un año en nuestro país, así como en más de la mitad de los estados donde se han ido conformando sus respectivos Sistemas Estatales Anticorrupción. Cuando se piden los resultados concretos de estos Sistemas aún persiste el argumento, con razón, de que falta tiempo para verlos. Sin embargo, al mismo tiempo se puede decir que a más de un año de funcionamiento de estos Sistemas, a nivel nacional y en la mayoría de los estados, es posible identificar algunas debilidades de este diseño institucional. ¿Cuáles? La más evidente tienen que ver con el papel de los ciudadanos en esta apuesta en contra de la corrupción. Una de las características del Sistema Anticorrupción es que ciudadanos, no servidores o funcionarios públicos, están al centro de los trabajos de coordinación entre distintos órganos del Estado. En concreto, es un ciudadano quien encabeza tanto el Comité de Participación Ciudadana (CPC) como el Comité Coordinador (CC), ambos espacios clave para el buen funcionamiento del Sistema. El tema con ello es que, los ciudadanos, al no tener capacidades de sanción, fiscalización o investigación, además de no poder ejercer recursos públicos, corren el riesgo de que su papel sea intrascendente o meramente legitimador de una modelo que presume poner en el centro a los ciudadanos. De cualquier forma, el CPC y el CC a nivel nacional, así como más de 21 Comités Ciudadanos en igual número de estados, están funcionando y reuniéndose periódicamente, con avances variopintos a lo largo del país.

El Sistema Nacional Anticorrupción, así como los Sistemas Estatales son complejos en su funcionamiento, lo que en parte explica el enorme desconocimiento que se tiene del mismo. Éste es el segundo problema del modelo, porque mientras no se entienda cuál es la naturaleza del Sistema se hace más difícil el objetivo. Cualquier intento pedagógico de explicar cómo funciona el Sistema y por qué no sigue la lógica de “pescar peces gordos” parece remar a contracorriente, cuando los magros avances del arreglo institucional se comparan con los escándalos de corrupción sobre desvíos multimillonarios de recursos públicos conocidos en los últimos años.

Y finalmente, como otros diseños institucionales intentados en nuestro país, parece que el éxito en el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción depende de la voluntad política de los ejecutores de las políticas públicas y de los órganos de los tres poderes y voluntad política para hacer que la coordinación que se busca con los Sistemas Anticorrupción suceda. Y que el éxito de un diseño institucional dependa de la “buena voluntad” de quienes ocupan alguna posición de poder, al final del día, es una sus principales debilidades.

 

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