Las protestas y bloqueos a vialidades primarias de la Ciudad de México por parte de padres de niños con cáncer, ante la falta de medicamentos que forman parte de sus tratamientos del pasado miércoles, no es la primera crisis del sector salud que enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

El cambio en el proceso de compra y distribución de medicamentos para hospitales públicos que introdujo la gestión de López Obrador es el factor común en cada una de estos eventos extraordinarios. 

Durante los primeros meses de 2019 en medios de comunicación se reportó la incertidumbre generada por el cambio en el proceso de distribución de medicamentos, integrado por el gobierno federal.

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En agosto del año pasado se encendieron las alertas por la escasez de Metrotrexato, utilizado en tratamientos contra el cáncer, luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cerró 17 plantas filiales de Pisa que producían este medicamento por no cumplir con estándares de calidad. 

En aquel entonces, como en el caso de la falta de medicamentos para tratamiento de cáncer infantil dada a conocer esta semana, el gobierno de AMLO acusó a esta farmacéutica de presionar a las autoridades sanitarias en su condición de proveedor principal de estos productos. 

El gobierno de AMLO ha insistido que en el anterior sexenio 10 proveedores abastecían 80% de todas las medicinas que se compraban con el erario.

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En tanto que las distribuidoras de medicamentos establecían diversas alianzas con los productores para cercar el mercado de medicamentos, lo que provocó en diversas ocasiones que el gobierno federal pagara sobreprecios de hasta 35%.

El nuevo modelo de distribución y compra de medicamentos para hospitales públicos forma parte del programa de compras públicas controlados a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que en un primer momento encabezó Raquel Buenrostro y ahora está a cargo de Thalía Lagunas. 

En esta área se interviene 80% de las compras del gobierno federal que antes se gestionaban a través de 1,500 unidades compradoras de la Administración Pública Federal (AFP). 

Los integrantes del gobierno han advertido que con este modelo de compras se evitan actos de corrupción, se reducen precios de servicios o insumos, se disminuyen costos transaccionales, facilita la estandarización proporciona experiencia y oportunidad de especialización del personal, ofrece mayor certeza a las dependencias y entidades en los aspectos legales y proporciona experiencia y oportunidad de especialización al personal.

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