El aumento en la inseguridad en México ha detonado la generación de nuevos empleos y emprendimientos en el sector de la seguridad privada. Aunque el negocio sigue creciendo a pasos agigantados, sus postores se enfrentan a dos riesgos: la violencia y la corrupción.

 

 

 

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José tiene 29 años y desde hace 11 trabaja como escolta de empresarios en Monterrey, Nuevo León. La Glock modelo 25 de calibre .380 que porta diariamente debajo del saco, se ha convertido en su mejor aliada para proteger no sólo la vida de sus clientes, sino también la propia.

A pesar del entrenamiento que el jefe de escoltas ha recibido durante poco más de una década con expertos mexicanos, militares y las fuerzas especiales de República Checa, es consciente de las amenazas que rodean esta profesión.

“Las condiciones que existen actualmente en el país han traspasado a todos los ecosistemas, desde los empresariales hasta los familiares. El riesgo es muy grande y debes ser consciente de la naturaleza de este trabajo, ya que nadie está exento de sufrir un atentado, ni tú o tus clientes o incluso tu familia. Sabes a qué hora entras, pero no cuándo sales, simplemente no es algo que puedes combinar con la vida personal”, platica José al otro lado de la línea con Forbes México, al agregar que por la mañana concluyó una jornada laboral de 23 horas.

 

La economía de la inseguridad

En los últimos años, el aspecto económico de México se ha tenido que adaptar para lidiar con el fenómeno de la violencia y la inseguridad. Tan sólo de 2006 a 2012, el presupuesto destinado por el Gobierno federal al sector de la seguridad pública en México creció 50%.

De acuerdo con el reporte Rendición de cuentas en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en colaboración con la Asociación Causa Común, los fondos federales a las entidades estatales pasaron de 5,000 millones de pesos en 2006 a 7,500 millones en 2012.

Al respecto, Arturo Argente, director del departamento de derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey del Campus Toluca, explica: “En México se ha creado una economía de la inseguridad. Por un lado, en el sector privado el número de empresas de seguridad ha incrementado, debido a que las personas temen sufrir un secuestro o extorsión; mientras que en el sector público el fenómeno se ve reflejado en más del 50% del presupuesto que se destina a temas de seguridad, en vez de irse a educación o salud”.

Aunque los ingresos en materia de seguridad han crecido en línea con el número de empresas en este sector, el negocio se enfrenta a dos grandes riesgos: la violencia y la corrupción.

José sabe que su labor no permite errores, si algo falla, su vida estará en riesgo.

“La violencia es un factor determinante en este trabajo, ya que si algo llega a salir mal en los protocolos con algún cliente, el nombre que utilices le indicará a los delincuentes a saber de dónde provienes. Al cuidar tu perfil estás cuidado a tu familia”, expone.

Argente explica que comenzar una empresa que esté vinculada con el tema de la seguridad es un arma de doble filo. En primera instancia porque el emprendedor necesita comprometerse con servicios de seguridad, es decir con información controlada por Procuradurías federales y estatales y con personas que manejan armas y en segundo término, debido a que pueden ser blanco fácil de extorsión.

“La violencia es uno de los focos rojos de este negocio. Todo aquel emprendedor que quiera manejar temas de seguridad va a estar involucrado con policías, agentes del Ministerio Público y temas relacionados con tráfico de datos, con lo cual hay que tener cuidado, porque todo lo que rodea ese ecosistema es peligroso”.

Aproximadamente en México existen 10,000 empresas de seguridad privada que operan en México, de las cuales sólo 1,050 cuentan un registro oficial ante Segob y autorización federal para ofrecer servicios en dos o más entidades de la República Mexicana, mientras que el resto brinda protección de manera irregular y con personal sin certificación.

La Sociedad Mexicana de Guardaespaldas (SMG) revela en un informe que, en este país hay aproximadamente 20,000 escoltas calificados y registrados con permiso para porte de arma, de los cuales 80% pertenece al cuerpo policial de la Federación Mexicana, que combina sus servicios públicos con privados.

 

Crecimiento explosivo, poca regulación

Aunque el aumento de la inseguridad en México en los últimos años ha propiciado la proliferación de un mayor número de empresas de seguridad privada, esto no representa una mayor garantía en la protección de los usuarios de esta clase de servicios.

Al cierre de 2013, el Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial publicó un informe en el cual revela que de las 6,600 empresas de seguridad privada existentes hasta ese periodo, sólo el 50% contaba con autorizaciones expedidas por una autoridad gubernamental, mientras que el 3% (200 compañías) contaba con las evaluaciones especializadas y el certificado ISO-9000 (normas sobre gestión de calidad).

La empresa mexicana asegura que los altos índices en la creación de nuevos negocios sin infraestructura de operación, ni personal capacitado han sido el resultado de procesos normativos irregulares.

“La violencia es una oportunidad para emprender pero sólo para pocos, pues a nivel social es muy nociva, más por las prácticas de corrupción con las cuales se relaciona. El gasto que deja no es productivo para la sociedad, pues se subsanan defectos que no deberían de existir”, declara Frank Holder, vicepresidente de FTI Consulting en Latinoamérica.

El Índice de Corrupción y Comportamiento Ético 2014 realizado por FTI Consulting, reveló que el 25% de los empresarios mexicanos aseguró que a nivel nacional es necesario involucrarse en esquemas de corrupción para realizar negocios con el gobierno de México, mientras que el 34% de los empresarios estimó que no es necesario recurrir a dichas prácticas.

Asimismo, Holder afirma que la seguridad no es un tema reciente en México, pero es importante que esta industria se sustente en la ética y la integridad, debido a que los únicos afectados son aquellos que sí cumplen y están dentro del marco normativo de la ley.

“La ética y la integridad en los negocios significa que desde la persona que está arriba de la empresa hasta la persona más abajo, incluyendo proveedores y socios, tengan una conducta en común que no tolere acciones de corrupción, que puedan derivar en un detrimento hacia sus inversionistas”, agrega.

Ambos especialistas coinciden en que el Gobierno federal debe establecer marcos jurídicos reglamentados a las empresas de seguridad privada, con el propósito de que se establezcan procesos claros y transparentes entre la industria y el sector gubernamental, lo que ayudaría a hacer la seguridad más preventiva que reactiva.

Cifras de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (Amesis) muestran que, la industria de blindajes especiales en 2012 creció 10%; el rubro de la videovigilancia y tecnologías de seguridad en los últimos años ha aumentado más del 45%, mientras que el de personal de custodios 20%.

 

Apuesta hacia el futuro 

José percibe un sueldo mensual de 27,000 pesos, pero considera que no es un trabajo al que se dedicará el resto de su vida, los riesgos a los que está expuesto y los horarios son una carta que juega en contra. En un plazo a 10 años contempla iniciar un negocio de artículos de supervivencia y una consultoría.

“Es lamentable que algunas personas tengan una percepción errónea de la situación en México, sin embargo, los que estamos en esto nos damos cuenta de todo el panorama y es preocupante. La situación de seguridad es casi la misma a la que se vivía hace cinco años, pero ahora es más discreta. Mi mamá me ha dicho: ‘No me gusta tu trabajo, pero no te puedo decir que hagas otra cosa porque desde pequeño siempre has defendido a tus hermanos y a tus amigos’ y es lo que más me gusta hacer: defender a las personas”.

 

 

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