Un monopolio generalmente es propiciado por el gobierno a favor de los particulares, a quienes da concesiones privilegiadas, ya sea por ciertos periodos, para lograr que determinados sectores tengan el tiempo suficiente para hacer grandes inversiones o recuperar lo invertido.       Cuando se aborda el tema de monopolios, se incorporan muchos conceptos políticos, económicos y mediáticos, que tienden a distorsionar y manipular un concepto que per se es muy complicado. Todos defendemos el libre mercado y la competencia como un mecanismo de libertades y de justicia distributiva; sin embargo, muchos hechos están demostrando las equivocaciones que se tienen y las falsas percepciones sobre el tema. Un monopolio generalmente es propiciado por el gobierno a favor de los particulares, a quienes da concesiones privilegiadas, ya sea por ciertos periodos, para lograr que determinados sectores tengan el tiempo suficiente para hacer grandes inversiones o recuperar lo invertido. A su vez, el gobierno tiene sus propios monopolios, especialmente en el uso de la fuerza, que no puede cederle a terceros; así como en actividades económicas estratégicas, tales como energía, salud y en muchos servicios que ofrece a la población. Bajo este entorno es muy importante el equilibrio que debe existir, dentro de una economía globalizada, entre las empresas y corporaciones de acuerdo con su tamaño, para que éstas puedan competir efectivamente dentro del mercado mundial en las grandes concentraciones que se harán en el futuro, donde se monopolizarán muchos servicios y productos. En esto ayudarán las nuevas tecnologías y los sistemas financieros que concentran el poder económico. Sin embargo, también existen monopsonios, que representan grupos sumamente poderosos que concentran las compras de los productos y fijan precios y condiciones muy destructivas para las economías. De la misma manera, existen oligopolios, donde diversos actores ajustan sus precios con relación a su estructura de negocios o situación geográfica, generando acuerdos que rompen el espíritu de la libre competencia y perjudican a la población. Ahora bien, se debe puntualizar que un mercado completamente libre, como lo plantea la teoría, no existe en la práctica, por lo que es necesario que el Estado tome medidas para administrarlo en pro de defender al consumidor e impulsar la competitividad, por lo que se deben diseñar mecanismos y crear entes reguladores que se encarguen de dicha tarea, sin caer en excesos; es decir, más que un mercado libre, se deben focalizar esfuerzos en el desarrollo de un mercado administrado. Un mercado administrado es aquel en el que el Estado dicta ciertas normas de comportamiento y tiene un marco regulatorio sobre cómo deben actuar los agentes económicos, desde la perspectiva de un comercio libre y justo que implica flujo de bienes y servicios sin restricciones, así como la eliminación de distorsiones (barreras proteccionistas, prácticas monopólicas y competencia desleal). Al igual que el Estado ejerce el monopolio de las armas, es también el que debe propiciar un mercado administrado, como regulador, facilitador y garante. La importancia del mercado administrado es que ello implica un nuevo capitalismo más social, más humano y más integral, sin caer en un intervencionismo estatal excesivo, concretado en figuras y prácticas dañinas como el proteccionismo, ni caer en el abuso de las libertades que llevan a iniquidades. Lo que se requiere es responsabilidad social por parte del Estado al controlar las desviaciones del mercado. Dicha responsabilidad social es básica para que los gobiernos en el mundo tengan clara cuál es su función como reguladores de la competencia y de los monopolios u oligopolios. Existe la opinión generalizada de que el monopolio es un ente complejo y amplio, y no es así; hay monopolios regionales y de servicios; por ejemplo, la distribución del gas en el país es por zonas y lo realizan empresas privadas, las rutas aéreas son concesiones operadas por privados y lo mismo sucede con el transporte carretero. De hecho, muchos productos y servicios que hoy consumimos provienen de entidades monopólicas. Por ello es fundamental que las leyes de un país reflejen su realidad y no destruyan su capacidad competitiva debido a una interpretación errónea de los conceptos, politizando y destruyendo la capacidad de competitividad que el país debe tener hacia adentro y hacia afuera. Finalmente, es importante recalcar que no se debe perder de vista el verdadero objetivo: “el crecimiento económico y el desarrollo del país”; por eso, es crítico que cualquier acción de parte del gobierno considere “todos” los elementos técnicos que existen en esta materia que no deben pertenecer sólo al espacio político.     (*Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.)

 

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