Lorenzo Córdova, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se amparó contra la reducción de su sueldo. Hizo bien y su decisión puede servir para poner límites a las arbitrariedades que están ocurriendo.

Quizá no prospere en su favor, pero siempre es bueno dejar constancia de la oposición a las injusticias, aunque el ambiente que prive no parezca favorable para ello.

El planteamiento es que se deben proteger los derechos y que deben existir garantías sobre los ingresos y la estabilidad laboral.

El centro de la discusión se generó a partir del monto que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador fijó para su sueldo y a la ley que establece que nadie puede ganar más que el primer mandatario si se trata de puestos de gobierno, poderes y órganos autónomos.

Esto provocó una reducción salarial absurda, sobre todo en áreas técnicas, pero también un ambiente laboral en el que ya nadie tiene seguro ni su empleo ni el salario que recibe o recibirá.

Quizá cuando despertemos del espejismo de estos primeros 100 días, lleguemos a observar con mayor claridad el daño sufrido en la burocracia.

Es paradójico que sea un gobierno que se dice de izquierda, el que haya impulsado una política contraria al derecho laboral y que tarde o temprano impactará fuera del ámbito de gobierno para golpear, también, en la iniciativa privada.

Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana, y existió la posibilidad de evitarlo. El problema inicial radicó en que, en la administración saliente, la de Enrique Peña Nieto, no existió ni generosidad ni visión para hacerse cargo de una situación que impactaría en la vida de miles de familias, y de servidores públicos institucionales, honestos y preparados.

Ni que decir del Poder Judicial o de la mayoría de los órganos autónomos, en donde no supieron ver que la defensa de derechos los trascendía. Jugaron a que no pasaría nada, hasta que pasó.

Las culpas de una “burocracia dorada” se empalmaron con un discurso populista y esto propició el escenario que ahora tenemos y que augura nada bueno para los próximos años.

Esto es así, porque la pauperización del servicio público traerá consecuencias negativas para la propia sociedad y que se empezarán a notar en la mala ejecución de los proyectos y programas más diversos.

Pero esto implica, además, un nuevo armado institucional que a la larga puede debilitar a la democracia misma.

En un pequeño ensayo, ¿Absolutismo constitucional?, el ministro de la Suprema Corte en retiro, Salvador Aguirre Anguiano, escribió: “El tema de las remuneraciones prueba la sumisión del poder legislativo pues a ese es a quien corresponde fijar las remuneraciones de los servidores públicos, incluida, por supuesto, la del presidente de la República”.

Y recordó al barón de Montesquieu: “Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo”.

 

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