Lo nuevo y lo viejo
El ideal del “empresario exitoso” que supo administrar su negocio y no necesita de los fondos del Estado para enriquecerse frente a la “vieja política”, plagada de dirigentes sospechados de corrupción, es uno de los emblemas comunicacionales del Partido Propuesta Republicana (PRO) y es algo compartido por buena parte de la sociedad.
Pero también es cierto que la procedencia de los funcionarios genera la discusión en otra parte con respecto a cómo enfrentarán las disputas sociales que se pueden generar entre los intereses generales y los particulares de quienes hasta ayer fueron sus empleadores.
Una anécdota de esto fue la primera discusión que tuvo que enfrentar el ministro de Energía, Aranguren, con los sindicatos petroleros. El expresidente de Shell Argentina espetó a uno de los delegados que no le dijeran más CEO, pues ahora ocupaba el rol de ministro. La respuesta del delegado gremial fue tajante: “Cuando actúe como ministro, le vamos a decir ministro, mientras tanto es un CEO del gobierno.”
Un caso similar sucedió con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que en diciembre pasado reclamó por 190 trabajadores despedidos en el Grupo Techint. El sindicato fue al Ministerio de Trabajo a reclamar la reincorporación, donde hacía pocos días había asumido Miguel Punte como secretario de Empleo, ex gerente de Recursos Humanos de Techint.
Juan Carlos Monedero es politólogo, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid y director del Departamento de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía Global del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Además de dictar clases en diferentes universidades latinoamericanas y haber actuado como observador en las elecciones de México, Venezuela y Colombia, es junto con Pablo Iglesias y Carolina Bescansa uno de los fundadores del partido Podemos de España.
En diálogo con Forbes sobre los pros y contra que puede tener la ceocracia en la Argentina, Monedero refirió que “un problema central de las democracias liberales tiene que ver con las desregulaciones que se han ido construyendo desde el crack de 1929, aceleradas en la crisis de 1973 y ahondadas en 2008. Es una paradoja que la crisis del neoliberalismo está solventando con la misma que generó la enfermedad.
Se está volviendo a construir un capitalismo desorganizado que sacrifica el empleo y donde se revierte la idea weberiana de un funcionario al servicio de la colectividad, mutando del welfare state al workfare state (Bos Jessop); esto es, un Estado concebido para favorecer los intereses empresariales y no construir una sociedad sobre la base del pleno empleo.
El hombre que pidió “sacar a los caraduras de la Moncloa” (el edificio sede del gobierno de España) explicó que las denominadas “puertas giratorias ” entre el sector privado y público “ya no guardan ni las formas: los empresarios colocan a su personal en lugares estratégicos (en España, el lobby militar puso de ministro de Defensa a Morenés, de la misma manera que el ministro de Economía, Luis de Guindos, viene de Lehman Brothers”.
En la vereda opuesta, José Antonio Llorente, socio fundador de la consultora Llorente y Cuenca, conversó con Forbes en torno del nuevo gobierno, y afirmó que las elecciones en Argentina “han puesto sobre la mesa cambios notables que afectarán el futuro de la ciudadanía del país”, cambios que no son un “hecho aislado” en la región latinoamericana”.
Para Llorente, lo que es realmente novedoso del gobierno de Mauricio Macri es su apoyo en headhunters para la identificación del mejor talento. El presidente ha seleccionado perfiles con un background puramente empresarial, hecho que ha desconcertado a más de uno, ya que la gran mayoría de los reclutados carece de experiencia en la administración pública.
Llorente es bastante directo al mostrar su beneplácito al asegurar que, en definitiva, “la especialización y profesionalización del gobierno es la vía para garantizar que aquellos que tomarán decisiones cuenten con las cualidades, las aptitudes y la formación necesarias para ello.
Estas posiciones, que estaban acostumbradas a ejercer posiciones de lobby, tendrán la experiencia suficiente no sólo para comprender a la perfección las necesidades del sector empresarial, sino para optimizar y mejorar las relaciones público-privadas desde adentro.
Pero el ejecutivo español, que hoy divide su tiempo entre Madrid y diferentes ciudades de América Latina, entiende que estas ventajas que señala “pueden ser un arma de doble filo. Es inevitable que la tentación de llevar a cabo actividades de dudosa ética se convierta en la mayor amenaza de cara a la opinión pública”. Pero, de todas formas, entiende que la incorporación de cargos procedentes del sector privado “no es más que una apuesta por la optimización del sector público”, y el gobierno de Macri debe dotarse de transparencia.
“Las administraciones públicas deben dotarse de mecanismos legales para que la sociedad pueda fiscalizar su labor e implementar nuevos procedimientos y pautas más profesionalizadas que mejoren sus flujos de comunicación con el ciudadano. El gobierno de Macri deberá aprovechar, además, esa autoridad y buenas prácticas que los nuevos dirigentes traen consigo del sector privado, no sólo para asegurarse de que la gestión funcione, sino para establecer como objetivo lograr la máxima excelencia en la misma.”
Para finalizar, Llorente deja un mensaje: “Apostemos por la diversidad de talento en nuestras administraciones públicas, al igual que se hace en los proyectos empresariales de mayor éxito. Talento y transparencia: éstos deben ser los atributos clave que guíen la nueva gestión del gobierno de Macri, y el futuro de Argentina.”
Una experiencia anterior en la región de una ceocracia ocurrió en 2010 con el gobierno de Sebastián Piñera en Chile. Con un perfil similar al de Macri, algunos especialistas catalogaron a esa primera experiencia como un fracaso.
Así lo entiende el académico chileno Alberto Mayol, quien explica que el proyecto de Piñera “estuvo basado en convocar un gabinete de ministros considerados grandes ejecutivos y hasta propietarios de grandes fortunas, quienes transitaron a lo que ellos llamaron ‘escuálidos salarios’ del sector público para transformar la sociedad”.
La experiencia de Piñera fue “desastrosa”. “Arreciaron las denuncias judiciales por conflictos de interés”, menciona el académico chileno Alberto Mayol. Y los escándalos empresariales terminaron salpicando al gobierno actual con funcionarios que se encuentran en procesos penales por sus acciones públicas y privadas.
Los casos relevantes en que los ministros debían resolver asuntos que tenían relación con sus anteriores empleos e incluso con las empresas donde todavía eran propietarios implicaron un enorme desgaste para Piñera. “El mismo presidente fue denunciado por no vender sus acciones en LAN y Chilevisión”, explica Mayol a Forbes.
Sueldos de funcionarios
Entre los detractores del modelo de la ceocracia se ha extendido un argumento para criticar la designación, que es el de los salarios de la administración pública versus los del sector privado.
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, declaró bienes por 2.3 millones de dólares (mdd). Y cuando Cristina Kirchner abandonó la Casa de Gobierno, en diciembre pasado, declaró 6.6 mdd.
En las declaraciones juradas, el presidente Macri mostró fondos por 3.4 mdd, seguido por el ex CEO de Shell y actual ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, con 2.5 mdd, luego el ahora titular de la cartera de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, ex CEO de JP Morgan, 2.3 mdd, y más alejado el coordinador del gabinete económico y ex CEO de la aerolínea LAN, Gustavo Lopetegui, con 0.8 mdd. Según números publicados por el diario La Nación, el primer salario bruto sin descuentos impositivos de Macri como presidente de la nación fue de poco más de 8,000 dólares, 30% más de que lo que recibió el año pasado la ex presidenta Cristina Kirchner.
La pregunta que surge es que si Macri percibe el sueldo más alto de la administración pública, ¿cómo vivirán el resto de los funcionarios que hasta hace muy poco cobraban 20,000 dólares por mes y hoy sus ingresos son menores a 5,000 dólares?
“Es cierto, no tendrán los mismos ingresos, pero esos funcionarios tienen varias inversiones y reciben beneficios por ellas”, responden desde la coalición del gobierno. Y ponen un ejemplo para disipar cualquier duda: “El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, es accionista del Grupo Dietrich, y aunque cobra lo que le toca por sus acciones, decidió que la empresa no debe participar en ninguna licitación del Estado y dio de baja los negocios que ya tenía con la administración pública para que no haya ningún inconveniente.” Sin embargo, la historia está por escribirse. El sector privado llega al gobierno de Argentina
Algunos países de América Latina han modificado la conformación de los equipos de gobierno; el político de pobres resultados comienza a ser sustituido por hombres de negocios que han sido exitosos en sus países. Chile, Brasil y México dieron ese primer paso; ahora, Argentina prueba el modelo.
Por David Cayón
Por primera vez en los 200 años de historia de Argentina, el gobierno nacional tiene en sus máximos referentes a hombres y mujeres que desarrollaron gran parte de sus carreras profesionales en el sector privado. La llegada de Mauricio Macri a la Casa de Gobierno significó el salto de presidentes y gerentes de grandes compañías, bancos, despachos de abogados y financieras del sector privado a las oficinas del sector público, dando inicio a un nuevo modelo de gestión que algunos denominan “ceocracia”.
El cambio de gobierno en la Argentina y el ascenso a la presidencia del ingeniero Mauricio Macri produjo un hecho inédito para la historia política de la joven democracia sudamericana. No sólo significa la primera vez que un presidente y su vice no son egresados de la universidad pública, sino que plantea un cambio de paradigma en el perfil de los funcionarios de alto rango.
La Argentina, acostumbrada a los funcionarios de gen político, hoy está viviendo un desembarco de hombres y mujeres en los cargos más sensibles del Estado que desarrollaron toda su carrera profesional en grandes corporaciones transnacionales y que, en algunos casos, no tienen ninguna experiencia en lo que tiene que ver con el sector público y en la militancia política.
Así el presidente Macri designó como integrantes de su gobierno a ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresa.
Un recorrido muestra que la canciller Susana Malcorra proviene de Naciones Unidas, aunque gran parte de su carrera la desarrolló en Telecom e IBM; Francisco Cabrera, ministro de Producción, en HSBC; Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda, en JP Morgan; Juan José Aranguren, ministro de Energía, en Shell; Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, en Pegasus Capital y Farmacity; Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete, en la aerolínea LAN; Luis Caputo, secretario de Finanzas, en Deutsche Bank y JP Morgan; Isela Costantini, presidenta de Aerolíneas Argentinas, en General Motors; Miguel Ángel Puente, secretario de empleo de Ministerio de Trabajo, en Techint, y la lista continúa.
Un trabajo de Flacso Argentina y del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), denominado La naturaleza política y económica de la Alianza Cambiemos, revela la acumulación de poder por parte de hombres y mujeres que hasta hace muy poco tiempo sólo transitaban los pasillos de los ministerios públicos en funciones del tradicional lobby privado, que hoy conforma un modelo político denominado ceocracia.
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Lo nuevo y lo viejo
El ideal del “empresario exitoso” que supo administrar su negocio y no necesita de los fondos del Estado para enriquecerse frente a la “vieja política”, plagada de dirigentes sospechados de corrupción, es uno de los emblemas comunicacionales del Partido Propuesta Republicana (PRO) y es algo compartido por buena parte de la sociedad.
Pero también es cierto que la procedencia de los funcionarios genera la discusión en otra parte con respecto a cómo enfrentarán las disputas sociales que se pueden generar entre los intereses generales y los particulares de quienes hasta ayer fueron sus empleadores.
Una anécdota de esto fue la primera discusión que tuvo que enfrentar el ministro de Energía, Aranguren, con los sindicatos petroleros. El expresidente de Shell Argentina espetó a uno de los delegados que no le dijeran más CEO, pues ahora ocupaba el rol de ministro. La respuesta del delegado gremial fue tajante: “Cuando actúe como ministro, le vamos a decir ministro, mientras tanto es un CEO del gobierno.”
Un caso similar sucedió con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que en diciembre pasado reclamó por 190 trabajadores despedidos en el Grupo Techint. El sindicato fue al Ministerio de Trabajo a reclamar la reincorporación, donde hacía pocos días había asumido Miguel Punte como secretario de Empleo, ex gerente de Recursos Humanos de Techint.
Juan Carlos Monedero es politólogo, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid y director del Departamento de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía Global del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Además de dictar clases en diferentes universidades latinoamericanas y haber actuado como observador en las elecciones de México, Venezuela y Colombia, es junto con Pablo Iglesias y Carolina Bescansa uno de los fundadores del partido Podemos de España.
En diálogo con Forbes sobre los pros y contra que puede tener la ceocracia en la Argentina, Monedero refirió que “un problema central de las democracias liberales tiene que ver con las desregulaciones que se han ido construyendo desde el crack de 1929, aceleradas en la crisis de 1973 y ahondadas en 2008. Es una paradoja que la crisis del neoliberalismo está solventando con la misma que generó la enfermedad.
Se está volviendo a construir un capitalismo desorganizado que sacrifica el empleo y donde se revierte la idea weberiana de un funcionario al servicio de la colectividad, mutando del welfare state al workfare state (Bos Jessop); esto es, un Estado concebido para favorecer los intereses empresariales y no construir una sociedad sobre la base del pleno empleo.
El hombre que pidió “sacar a los caraduras de la Moncloa” (el edificio sede del gobierno de España) explicó que las denominadas “puertas giratorias ” entre el sector privado y público “ya no guardan ni las formas: los empresarios colocan a su personal en lugares estratégicos (en España, el lobby militar puso de ministro de Defensa a Morenés, de la misma manera que el ministro de Economía, Luis de Guindos, viene de Lehman Brothers”.
En la vereda opuesta, José Antonio Llorente, socio fundador de la consultora Llorente y Cuenca, conversó con Forbes en torno del nuevo gobierno, y afirmó que las elecciones en Argentina “han puesto sobre la mesa cambios notables que afectarán el futuro de la ciudadanía del país”, cambios que no son un “hecho aislado” en la región latinoamericana”.
Para Llorente, lo que es realmente novedoso del gobierno de Mauricio Macri es su apoyo en headhunters para la identificación del mejor talento. El presidente ha seleccionado perfiles con un background puramente empresarial, hecho que ha desconcertado a más de uno, ya que la gran mayoría de los reclutados carece de experiencia en la administración pública.
Llorente es bastante directo al mostrar su beneplácito al asegurar que, en definitiva, “la especialización y profesionalización del gobierno es la vía para garantizar que aquellos que tomarán decisiones cuenten con las cualidades, las aptitudes y la formación necesarias para ello.
Estas posiciones, que estaban acostumbradas a ejercer posiciones de lobby, tendrán la experiencia suficiente no sólo para comprender a la perfección las necesidades del sector empresarial, sino para optimizar y mejorar las relaciones público-privadas desde adentro.
Pero el ejecutivo español, que hoy divide su tiempo entre Madrid y diferentes ciudades de América Latina, entiende que estas ventajas que señala “pueden ser un arma de doble filo. Es inevitable que la tentación de llevar a cabo actividades de dudosa ética se convierta en la mayor amenaza de cara a la opinión pública”. Pero, de todas formas, entiende que la incorporación de cargos procedentes del sector privado “no es más que una apuesta por la optimización del sector público”, y el gobierno de Macri debe dotarse de transparencia.
“Las administraciones públicas deben dotarse de mecanismos legales para que la sociedad pueda fiscalizar su labor e implementar nuevos procedimientos y pautas más profesionalizadas que mejoren sus flujos de comunicación con el ciudadano. El gobierno de Macri deberá aprovechar, además, esa autoridad y buenas prácticas que los nuevos dirigentes traen consigo del sector privado, no sólo para asegurarse de que la gestión funcione, sino para establecer como objetivo lograr la máxima excelencia en la misma.”
Para finalizar, Llorente deja un mensaje: “Apostemos por la diversidad de talento en nuestras administraciones públicas, al igual que se hace en los proyectos empresariales de mayor éxito. Talento y transparencia: éstos deben ser los atributos clave que guíen la nueva gestión del gobierno de Macri, y el futuro de Argentina.”
Una experiencia anterior en la región de una ceocracia ocurrió en 2010 con el gobierno de Sebastián Piñera en Chile. Con un perfil similar al de Macri, algunos especialistas catalogaron a esa primera experiencia como un fracaso.
Así lo entiende el académico chileno Alberto Mayol, quien explica que el proyecto de Piñera “estuvo basado en convocar un gabinete de ministros considerados grandes ejecutivos y hasta propietarios de grandes fortunas, quienes transitaron a lo que ellos llamaron ‘escuálidos salarios’ del sector público para transformar la sociedad”.
La experiencia de Piñera fue “desastrosa”. “Arreciaron las denuncias judiciales por conflictos de interés”, menciona el académico chileno Alberto Mayol. Y los escándalos empresariales terminaron salpicando al gobierno actual con funcionarios que se encuentran en procesos penales por sus acciones públicas y privadas.
Los casos relevantes en que los ministros debían resolver asuntos que tenían relación con sus anteriores empleos e incluso con las empresas donde todavía eran propietarios implicaron un enorme desgaste para Piñera. “El mismo presidente fue denunciado por no vender sus acciones en LAN y Chilevisión”, explica Mayol a Forbes.
Sueldos de funcionarios
Entre los detractores del modelo de la ceocracia se ha extendido un argumento para criticar la designación, que es el de los salarios de la administración pública versus los del sector privado.
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, declaró bienes por 2.3 millones de dólares (mdd). Y cuando Cristina Kirchner abandonó la Casa de Gobierno, en diciembre pasado, declaró 6.6 mdd.
En las declaraciones juradas, el presidente Macri mostró fondos por 3.4 mdd, seguido por el ex CEO de Shell y actual ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, con 2.5 mdd, luego el ahora titular de la cartera de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, ex CEO de JP Morgan, 2.3 mdd, y más alejado el coordinador del gabinete económico y ex CEO de la aerolínea LAN, Gustavo Lopetegui, con 0.8 mdd. Según números publicados por el diario La Nación, el primer salario bruto sin descuentos impositivos de Macri como presidente de la nación fue de poco más de 8,000 dólares, 30% más de que lo que recibió el año pasado la ex presidenta Cristina Kirchner.
La pregunta que surge es que si Macri percibe el sueldo más alto de la administración pública, ¿cómo vivirán el resto de los funcionarios que hasta hace muy poco cobraban 20,000 dólares por mes y hoy sus ingresos son menores a 5,000 dólares?
“Es cierto, no tendrán los mismos ingresos, pero esos funcionarios tienen varias inversiones y reciben beneficios por ellas”, responden desde la coalición del gobierno. Y ponen un ejemplo para disipar cualquier duda: “El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, es accionista del Grupo Dietrich, y aunque cobra lo que le toca por sus acciones, decidió que la empresa no debe participar en ninguna licitación del Estado y dio de baja los negocios que ya tenía con la administración pública para que no haya ningún inconveniente.” Sin embargo, la historia está por escribirse.
Lo nuevo y lo viejo
El ideal del “empresario exitoso” que supo administrar su negocio y no necesita de los fondos del Estado para enriquecerse frente a la “vieja política”, plagada de dirigentes sospechados de corrupción, es uno de los emblemas comunicacionales del Partido Propuesta Republicana (PRO) y es algo compartido por buena parte de la sociedad.
Pero también es cierto que la procedencia de los funcionarios genera la discusión en otra parte con respecto a cómo enfrentarán las disputas sociales que se pueden generar entre los intereses generales y los particulares de quienes hasta ayer fueron sus empleadores.
Una anécdota de esto fue la primera discusión que tuvo que enfrentar el ministro de Energía, Aranguren, con los sindicatos petroleros. El expresidente de Shell Argentina espetó a uno de los delegados que no le dijeran más CEO, pues ahora ocupaba el rol de ministro. La respuesta del delegado gremial fue tajante: “Cuando actúe como ministro, le vamos a decir ministro, mientras tanto es un CEO del gobierno.”
Un caso similar sucedió con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que en diciembre pasado reclamó por 190 trabajadores despedidos en el Grupo Techint. El sindicato fue al Ministerio de Trabajo a reclamar la reincorporación, donde hacía pocos días había asumido Miguel Punte como secretario de Empleo, ex gerente de Recursos Humanos de Techint.
Juan Carlos Monedero es politólogo, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid y director del Departamento de Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía Global del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Además de dictar clases en diferentes universidades latinoamericanas y haber actuado como observador en las elecciones de México, Venezuela y Colombia, es junto con Pablo Iglesias y Carolina Bescansa uno de los fundadores del partido Podemos de España.
En diálogo con Forbes sobre los pros y contra que puede tener la ceocracia en la Argentina, Monedero refirió que “un problema central de las democracias liberales tiene que ver con las desregulaciones que se han ido construyendo desde el crack de 1929, aceleradas en la crisis de 1973 y ahondadas en 2008. Es una paradoja que la crisis del neoliberalismo está solventando con la misma que generó la enfermedad.
Se está volviendo a construir un capitalismo desorganizado que sacrifica el empleo y donde se revierte la idea weberiana de un funcionario al servicio de la colectividad, mutando del welfare state al workfare state (Bos Jessop); esto es, un Estado concebido para favorecer los intereses empresariales y no construir una sociedad sobre la base del pleno empleo.
El hombre que pidió “sacar a los caraduras de la Moncloa” (el edificio sede del gobierno de España) explicó que las denominadas “puertas giratorias ” entre el sector privado y público “ya no guardan ni las formas: los empresarios colocan a su personal en lugares estratégicos (en España, el lobby militar puso de ministro de Defensa a Morenés, de la misma manera que el ministro de Economía, Luis de Guindos, viene de Lehman Brothers”.
En la vereda opuesta, José Antonio Llorente, socio fundador de la consultora Llorente y Cuenca, conversó con Forbes en torno del nuevo gobierno, y afirmó que las elecciones en Argentina “han puesto sobre la mesa cambios notables que afectarán el futuro de la ciudadanía del país”, cambios que no son un “hecho aislado” en la región latinoamericana”.
Para Llorente, lo que es realmente novedoso del gobierno de Mauricio Macri es su apoyo en headhunters para la identificación del mejor talento. El presidente ha seleccionado perfiles con un background puramente empresarial, hecho que ha desconcertado a más de uno, ya que la gran mayoría de los reclutados carece de experiencia en la administración pública.
Llorente es bastante directo al mostrar su beneplácito al asegurar que, en definitiva, “la especialización y profesionalización del gobierno es la vía para garantizar que aquellos que tomarán decisiones cuenten con las cualidades, las aptitudes y la formación necesarias para ello.
Estas posiciones, que estaban acostumbradas a ejercer posiciones de lobby, tendrán la experiencia suficiente no sólo para comprender a la perfección las necesidades del sector empresarial, sino para optimizar y mejorar las relaciones público-privadas desde adentro.
Pero el ejecutivo español, que hoy divide su tiempo entre Madrid y diferentes ciudades de América Latina, entiende que estas ventajas que señala “pueden ser un arma de doble filo. Es inevitable que la tentación de llevar a cabo actividades de dudosa ética se convierta en la mayor amenaza de cara a la opinión pública”. Pero, de todas formas, entiende que la incorporación de cargos procedentes del sector privado “no es más que una apuesta por la optimización del sector público”, y el gobierno de Macri debe dotarse de transparencia.
“Las administraciones públicas deben dotarse de mecanismos legales para que la sociedad pueda fiscalizar su labor e implementar nuevos procedimientos y pautas más profesionalizadas que mejoren sus flujos de comunicación con el ciudadano. El gobierno de Macri deberá aprovechar, además, esa autoridad y buenas prácticas que los nuevos dirigentes traen consigo del sector privado, no sólo para asegurarse de que la gestión funcione, sino para establecer como objetivo lograr la máxima excelencia en la misma.”
Para finalizar, Llorente deja un mensaje: “Apostemos por la diversidad de talento en nuestras administraciones públicas, al igual que se hace en los proyectos empresariales de mayor éxito. Talento y transparencia: éstos deben ser los atributos clave que guíen la nueva gestión del gobierno de Macri, y el futuro de Argentina.”
Una experiencia anterior en la región de una ceocracia ocurrió en 2010 con el gobierno de Sebastián Piñera en Chile. Con un perfil similar al de Macri, algunos especialistas catalogaron a esa primera experiencia como un fracaso.
Así lo entiende el académico chileno Alberto Mayol, quien explica que el proyecto de Piñera “estuvo basado en convocar un gabinete de ministros considerados grandes ejecutivos y hasta propietarios de grandes fortunas, quienes transitaron a lo que ellos llamaron ‘escuálidos salarios’ del sector público para transformar la sociedad”.
La experiencia de Piñera fue “desastrosa”. “Arreciaron las denuncias judiciales por conflictos de interés”, menciona el académico chileno Alberto Mayol. Y los escándalos empresariales terminaron salpicando al gobierno actual con funcionarios que se encuentran en procesos penales por sus acciones públicas y privadas.
Los casos relevantes en que los ministros debían resolver asuntos que tenían relación con sus anteriores empleos e incluso con las empresas donde todavía eran propietarios implicaron un enorme desgaste para Piñera. “El mismo presidente fue denunciado por no vender sus acciones en LAN y Chilevisión”, explica Mayol a Forbes.
Sueldos de funcionarios
Entre los detractores del modelo de la ceocracia se ha extendido un argumento para criticar la designación, que es el de los salarios de la administración pública versus los del sector privado.
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, declaró bienes por 2.3 millones de dólares (mdd). Y cuando Cristina Kirchner abandonó la Casa de Gobierno, en diciembre pasado, declaró 6.6 mdd.
En las declaraciones juradas, el presidente Macri mostró fondos por 3.4 mdd, seguido por el ex CEO de Shell y actual ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, con 2.5 mdd, luego el ahora titular de la cartera de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, ex CEO de JP Morgan, 2.3 mdd, y más alejado el coordinador del gabinete económico y ex CEO de la aerolínea LAN, Gustavo Lopetegui, con 0.8 mdd. Según números publicados por el diario La Nación, el primer salario bruto sin descuentos impositivos de Macri como presidente de la nación fue de poco más de 8,000 dólares, 30% más de que lo que recibió el año pasado la ex presidenta Cristina Kirchner.
La pregunta que surge es que si Macri percibe el sueldo más alto de la administración pública, ¿cómo vivirán el resto de los funcionarios que hasta hace muy poco cobraban 20,000 dólares por mes y hoy sus ingresos son menores a 5,000 dólares?
“Es cierto, no tendrán los mismos ingresos, pero esos funcionarios tienen varias inversiones y reciben beneficios por ellas”, responden desde la coalición del gobierno. Y ponen un ejemplo para disipar cualquier duda: “El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, es accionista del Grupo Dietrich, y aunque cobra lo que le toca por sus acciones, decidió que la empresa no debe participar en ninguna licitación del Estado y dio de baja los negocios que ya tenía con la administración pública para que no haya ningún inconveniente.” Sin embargo, la historia está por escribirse. 
