El tratado de libre comercio recién negociado entre los tres países de América del Norte obedece más a las necesidades políticas de sus gobiernos, que a las condiciones económicas de los actores que intervienen en el intercambio comercial de los tres estados. Pero, además, Donald Trump fue quien marcó la pauta de la negociación del acuerdo, por lo que parece haberse llevado la tajada más grande del pastel, no únicamente en términos de la ganancia política, sino también para generar incentivos en una de las industrias emblemáticas de la región, que es la automotriz.

En una primera instancia, era claro que los tres países necesitan de un acuerdo comercial que les permita incrementar sus ventajas, en un contexto de fuerte competencia económica integrada en bloques que han desarrollado mecanismos de cooperación económica más complejos y excluyentes de otros.

El papel de China e India, por un lado, el de Rusia y Turquía, por el otro, así como el de diversos actores europeos, cada uno en su región, ha generado condiciones que han modificado las reglas de intercambio y competencia comercial en términos globales. Por ello, el fortalecimiento regional de Norteamérica exige un acuerdo, a pesar del discurso aislacionista de Trump, que potencie la capacidad económica de los tres países, por lo que, tener un acuerdo, era fundamental, a pesar de las amenazas.

En segundo lugar, la negociación siguió claramente objetivos políticos, como también lo hizo la negociación del primer acuerdo. Trump había prometido “arreglar” los elementos nocivos para su país del acuerdo previo, que ubicaba en términos del aparente déficit comercial de los Estados Unidos con respecto a Canadá y México. Él prefería, como mejor opción, un acuerdo bilateral con cada país que estableciera condiciones de intercambio a cada contexto en particular. Pero al mismo tiempo, apuntaba a la reivindicación de los sindicatos en torno a la industria automotriz, por lo que buscó generar incentivos, fundamentalmente, para recuperar espacios de mercado perdidos ante las ventajas de otros países, incluido México.

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En el caso del gobierno mexicano, hay una dualidad planteada por el presidente en funciones y el presidente electo. En el caso del primero, buscaba cerrar el acuerdo, casi casi a cualquier costo, pues es claro que parte de la configuración de las redes de producción recae en el intercambio con los Estados Unidos y, en menor medida, con Canadá. Por ello, no tener acuerdo, habría implicado un fracaso más en el sexenio y, tal vez, el más significativo de todos. En el caso del presidente electo, un acuerdo ya negociado, cualquiera que ese fuera, deja abierta la posibilidad de tener un escenario de mayor entendimiento con Trump, además de plantear de manera más eficiente una agenda propia, sin temas heredados o con fuerte conflicto como una falta de acuerdo comercial.

Para Trudeau los tiempos jugaron en desventaja, pues a pesar de que se buscó llevar el acuerdo hasta el último momento, no fue suficiente para que el sentido proteccionista de la industria lechera de Quebec, no se sintiera amenazada por los términos del tratado, lo que se reflejó en el triunfo de la Coalition Avenir de Francois Legault en las elecciones del lunes, quien, además del tema de migración utilizó la desventaja en la negociación como uno de los aspectos más relevantes de la campaña.

Las ventajas o desventajas económicas generadas por el acuerdo se verán con el tiempo, como pasó con el primero, pero su relevancia para quienes negociaron no se ubicó necesariamente en ellas, sino en lo que representaba para cada administración como tal. Ahora viene una segunda parte, que es la negociación al interior de los congresos de Estados Unidos y México, y el parlamento canadiense, con una lógica política distinta.

 

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