Nuestro dinero como contribuyentes tiene mayor peso para organizar elecciones que para promover la ciencia y la tecnología, así que como mínimo debemos exigir que los comicios de junio sirvan como un punto de inflexión para el rumbo del país.

 

El domingo 5 de junio se llevará a cabo una titánica jornada electoral en gran parte del territorio nacional. Los ciudadanos de 13 entidades federativas acudirán a las urnas para renovar sus respectivos congresos locales y elegir a 965 nuevas autoridades, además de 12 nuevos titulares del ejecutivo estatal. Si a ello se le suma la extraordinaria de Colima, se tiene que los comicios de 2016 serán de los más trascendentales en la historia reciente. Estamos llegando a un peligroso punto sin retorno como resultado de los malos manejos financieros, y el contexto que se avecina agrava la situación.

El panorama de este año es complicado. Por un lado, la amenaza del terrorismo en Europa está más latente que nunca, lo que genera incertidumbre en las sociedades y, sobre todo, en los mercados. En esta tónica, la Unión Europea continuará con un ralentizado ritmo de crecimiento, pronosticado en 1.9% por el FMI para este año, a lo que se debe sumar el costo económico y social que representará el tsunami migratorio generado por el flujo de refugiados.

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A este panorama se le añaden las presiones que padecerán las finanzas nacionales como resultado de varios frentes abiertos: el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, con por lo menos otra alza considerada para este año, su debida repercusión para los pasivos en dólares de las empresas y la caída en el precio del petróleo.

En este contexto se llevará a cabo la jornada electoral, labor para la cual el presupuesto del INE este año ascenderá a 15,743 millones de pesos (mdp), de los cuales 4,031 mdp van para los partidos políticos. Para dimensionar este costo hay que considerar que la partida presupuestaria de la SEP para “Investigación científica y desarrollo tecnológico” será de 13,672 mdp.

Considerando que nuestro dinero como contribuyentes tiene mayor peso para la organización de elecciones que para promover la ciencia y la tecnología, es entonces un mínimo necesario exigir que los comicios de junio sirvan como un punto de inflexión para el rumbo del país.

Como ciudadanía es momento de que tengamos madurez electoral y entendamos que ante la crítica situación que se vive, el voto no es solamente un derecho, sino que votar de manera informada y responsable es una prerrogativa.

Aunado al delicado momento que puede vivir la economía nacional, el endeudamiento de estados y municipios puede generar un riesgo añadido. Este pasivo asciende a 2.9 % del PIB, aunque este promedio es engañoso, ya que hay entidades sobreendeudadas. Sin embargo, el gobierno ha señalado que ello no genera presiones a las finanzas nacionales. Este diagnóstico, si bien puede parecer correcto desde un punto de vista macroeconómico, olvida que detrás de ese monto, en el que han incurrido de manera descontrolada alcaldes y gobernadores, se encuentran en vilo empresas, muchas de ellas pymes en que laboran personas de carne y hueso, y que están al borde de la quiebra. La iniciativa privada ha señalado que el adeudo de los gobiernos estatales y municipales hacia proveedores asciende a más de 120,000 mdp.

Para las autoridades financieras, las deudas estatales y municipales no merecen ninguna llamada de atención; lo poco que representan en el PIB no significará que México vea disminuida su calificación crediticia por las agencias calificadoras, pero los más de 40,000 proveedores que están en espera de su pago, y las personas cuyo trabajo depende de ello, sí merecen un tratamiento diferente. La llamada de atención puede, entonces, venir directa desde las urnas.

Con el fin de evitar que más situaciones como éstas se repitan, un elemento al que deberán prestar atención los partidos que seleccionan a quienes aparecerán en la boleta y los ciudadanos que acudirán a las urnas en las 14 entidades que tendrán elecciones este año, y cuya deuda acumulada asciende a 170,000 mdp, consiste en constatar si los candidatos tienen realmente un probado sentido de prudencia en el manejo de recursos. Los gobernadores van y vienen, las deudas se quedan.

Los comicios de junio pueden representar un detonador para la confianza en la medida que los partidos seleccionen a los mejores candidatos con base en su capacidad de liderazgo, no por cuotas partidistas, y los ciudadanos actúen con la madurez que demanda el complicado panorama.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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