Luego de que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, intentó eliminar por decreto el cobro de peaje en la caseta de Playas de Tijuana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Capufe consideraron que “viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal”.
Mediante un comunicado conjunto informaron que la facultad para otorgar concesiones y permisos, construir y operar carreteras federales y autopistas, así como vigilar técnicamente su funcionamiento, únicamente corresponde al poder Ejecutivo por conducto de la dependencia al mando de Javier Jiménez Espriú.
“CAPUFE, como administrador y operador, procederá a iniciar las acciones correspondientes, para que se le restituya la posesión y administración de la caseta y el tramo carretero. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley de Vías Generales de Comunicación, por el daño, interrupción y deterioro de los servicios que operen en las mismas”, se lee.
La madrugada de este jueves 9 de julio, al menos 160 elementos de las fuerzas armadas, liderados por la Guardia Nacional y miembros de la Secretaría de Marina, acudieron a dicho tramo carretero para restablecer la operación normal de la plaza de cobro, ya que el martes pasado, el gobernador Bonilla tomó control de las instalaciones de Capufe a fin de dar paso libre a los automovilistas, amparado en un decreto que él mismo expidió y que viola diversas leyes federales.
En el acto al que acudieron funcionarios estatales, incluido el Secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se dio a conocer que personal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Municipal, se haría cargo de evitar actos delictivos en el lugar, así como brindar seguridad.
El operativo se llevó a cabo sin actos de violencia, no obstante, se advirtió a los involucrados que de no retirarse serían puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
