Al manifestar su rechazo a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que concretar esta posibilidad significaría el fracaso de la estrategia de seguridad y la pérdida de vida de civiles, policías, miembros del Ejército e incluso de los mismos jueces.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal cargó contra el Poder Judicial al considerar que los impartidores de justicia no están libres de ser corrompidos al tiempo que el Consejo de la Judicatura Federal, que preside el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, no funciona.
“Esto significa la pérdida de vidas humanas, no sólo de quienes son víctimas que pertenecen a la sociedad civil, sino también de elementos de la Policía, del Ejército, de quienes se atreven a actuar con rectitud, los mismos jueces están expuestos, son temas muy interesantes que se tienen que revisara fondo y yo no estoy a favor de su eliminación y es por esto, por la corrupción”, expuso el mandatario federal.
“Es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, que no se olvide, delincuentes de cuello blanco”, sostuvo.
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Refirió que actualmente, las cárceles están pobladas de gente sin sentencia y en algunos casos inocentes de los cargos que se les imputan y achacó al Poder Judicial la falta de una defensa adecuada ya que no se cuenta con un buen sistema de defensoría de oficio.
“El Poder Judicial no los defiende, el Poder Judicial debería tener un buen sistema de defensoría de oficio y debería funcionar muy bien, que no funciona, el Consejo de la Judicatura.
“¿Cuántos jueces, cuántos magistrados, cuántos ministros han ido a la cárcel? ¿Qué es un Poder incorruptible, es el castillo de la pureza? Yo estimó mucho al presdidente de la Corte, lo considero integhro, pero no coincido con él en este tema”, afirmó.
Ayer, el ministro Zaldívar informó que junto con los demás integrantes de la Corte, acordaron que la discusión de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa se discuta en el Pleno el próximo 5 de septiembre.
Ese día, los ministros estudiarán los alcances de la medida cautelar y si debe o no permanecer en la Constitución.
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