De acuerdo al capítulo IX de la Constitución de la República Islámica de Irán, el cargo a presidente de la República no tiene el control absoluto de la política exterior, las fuerzas armadas ni de la política nuclear, ya que estas están bajo el control del líder supremo de Irán (equivalente a Jefe de Estado); figura que fue creada en 1979 en el contexto de la Revolución Islámica y que derivó en la designación en 1989 del Ayatollah Ali Khamenei. Así pues, el actual presidente de Irán asumió el cargo en agosto de 2013 para desempeñar las funciones del Ejecutivo que, de acuerdo a la Constitución, de limitan a la firma de tratados y acuerdos internacionales, a la administración y planificación nacional, la definición del presupuesto, los asuntos de empleo estatal, y la designación de ministros con la aprobación del Parlamento.

En este contexto, las protestas que han tenido lugar en los últimos días en Irán se han detonado por el descontento social en contra del gobierno del presidente Rouhani debido a que, hasta el momento, no se han cumplido las metas de crecimiento económico, oferta de empleos, incrementos salariales, fortalecimiento del poder adquisitivo.

A lo largo de la historia moderna de Irán (o de la era republicana de Irán) ningún gobierno ha tomado con seriedad las demandas sociales y económicas de los grupos menos favorecidos y que no pertenecen a la élite política ni religiosa de ese país.

Más allá del discurso demagógico, la injusticia social jamás ha sido resuelta y sus causas estructurales (corrupción y nepotismo) se mantienen vigentes.

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La base de electores que llevó al presidente Rouhani al poder por segunda ocasión en 2017, estuvo compuesta por una amplia mayoría de votantes que creyeron en su capacidad para mejorar las condiciones de vida y de desarrollo económico por encima de su principal competidor.

Las protestas se dan en la antesala del cabildeo al interior del Parlamento para la aprobación del presupuesto de la República de Irán para el año 2018-2019 (año 1397 iraní) y buscan presionar al Parlamento para aprobar el paquete presupuestal que pudiera garantizar estabilidad en los precios de los alimentos, mayor oferta de empleo para jóvenes y mujeres, el incremento del poder adquisitivo y una recuperación económica.

Ciertamente, estas protestas no constituyen el inicio de un movimiento revolucionario en Irán; pero el actual gobierno y la élite político-religiosa deberán escuchar las demandas socioeconómicas de la población y ofrecer una política interna sólida que responda a dichas demandas de manera adecuada.

Aunque seguramente el gobierno del presidente Rouhani ofrecerá medidas para mantener las protestas sociales en un tono hasta cierto punto pacífico, esas promesas de renovación deberán rebasar la esfera cosmética para solventar el gran problema interno que constituye la falta de equilibrio de poder entre reformistas, conservadores, y la élite clerical-estatal.

A pesar de este contexto, no debemos desestimar la influencia de países como Israel o Arabia Saudita a quienes, por razones geopolíticas, les beneficia la desestabilización persa, ya que ésta constituye el principal contrapeso político en los intereses regionales.

En ese sentido, se debe considerar la clara desventaja que tiene Irán respecto a Arabia Saudita, pues aún le afectan las sanciones económicas que se le impusieron previo al acuerdo nuclear y aún no disfruta tanto del beneficio de recursos petroleros. A todo esto, hay que agregar el hecho de que el grupo Hezbola depende en buena medida del apoyo iraní para el papel determinante que juega en Siria o Líbano, esto como parte de la estrategia de política exterior que sigue Irán de su zona de influencia.

El precio de ser una potencia regional le ha implicado a Irán una competencia permanente con Arabia Saudita (al menos militar y económicamente) en al menos territorios como Siria, Yemen, Palestina, Irak, Qatar, y Baréin.

La clave en la evolución de la actual situación en Irán estará en el resultado de las próximas sesiones parlamentarias y la puesta en marcha de una política pública nacional que paulatinamente genere un equilibrio de poder entre el poder ejecutivo y la élite religiosa.

 

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