La estratagema de descalificar a los cientos de miles de ciudadanos que manifestaron su inconformidad con el Plan B ya no tendrá el mismo efecto que hace unos años y además es un error político.
En Palacio Nacional saben que lo que ocurrió el domingo en el Zócalo de la Ciudad de México es una reacción que provocaron los constantes ataques y el ánimo de polarización que se muestra cada mañana.
Hay oposición y fuerte, aunque todavía esté buscando los causes que lleven a concretar una alianza para el 2024. Eso es evidente, porque de la de defensa del INE y del sistema electoral, se pasó a la necesidad de extender esa protección en las urnas.
La lectura, por demás explicable, es que, para seguir teniendo elecciones bien organizadas, donde los votos se cuenten y cuenten, hay que buscar posiciones legislativas y gobiernos locales.
Es ahí donde convergen la ciudanía con el PRI, PAN y el PRD. Es una suerte de pacto pragmático, pero que puede ser provechoso para todos, si se entiende que lo que se está moldeando es un proyecto que signifique un cambio respecto a lo que ocurre en la actualidad, pero también a lo que había antes, lo que sí estaba mal y provocó la situación de incertidumbre en la que ahora vivimos.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está desaprovechando la oportunidad de conciliar y asumir el papel que le corresponde en lo que respecta a gobernar para todos.
Una de las claves de la democracia consiste en el respeto a los que piensan distinto y en la construcción de consensos que permitan una adecuada gobernabilidad.
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El titular del Ejecutivo pudo tener un gesto, un argumento de compresión sobre las movilizaciones en diversas ciudades del país.
Optó, de nueva cuenta, por la denostación, no advirtiendo que los reclamos son legítimos y que habría sido prudente el buscar una salida política a una situación que ahora tendrá que resolverse en los tribunales.
La inmensa mayoría de ciudadanos que acudieron a las plazas públicas y que abarrotaron el Zócalo capitalino, no son integrantes de partido alguno, no defienden privilegios y no quieren un país estancado, pero lo que sí pretenden es que se respete la legalidad y los equilibrios que provienen desde la propia conformación del poder.
Es ahí donde la Suprema Corte tendrá que determinar cuál es el futuro de la democracia en México. Un momento decisivo en la historia del poder judicial.
Los 11 ministros debieron escuchar el clamor de la plaza, pero también la mesura, aunque firme, con lo que se pide y que es, a fin de cuentas, que hagan valer la Constitución, lo que, por cierto, da sentido a su investidura.
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